El Gobierno de España se está preparando para revisar la reforma laboral. El texto, que fue una de las medidas estrella del Ejecutivo en la anterior legislatura, se enfrentará a una reunión para analizarla, cuya fecha aún no se ha fijado, según ha revelado cadena Ser. Así, el objetivo del Ejecutivo con ella sería la de determinar si es urgente o no endurecer la reforma laboral con otras medidas, de tal forma que se reduzca la temporalidad del empleo.
Después de que entrase en vigor en el año 2022, la reforma laboral ha dejado varios datos positivos sobre el empleo, en general. En concreto, la contratación se ha disparado, donde destacan los contratos indefinidos. Estos habrían triplicado su peso sobre el total, de forma que han pasado de ser el 14,8% en 2021 hasta alcanzar el 44,9% en este 2024.
En el caso de la temporalidad, España consiguió reducir su tasa, una de las mayores de Europa, en diez puntos porcentuales en cuatro años. Esta estaba se situaba en un 26,1% a finales del año 2019. Así, la reforma redujo el abuso de los contratos temporales, logró que se generalizase el contrato fijo y amplió el campo de aplicación de los contratos fijos discontinuos.
Tal y como establece el Real Decreto 32/21, el Ministerio de Trabajo ya ha comenzado a cursar las cartas para hacer esa revisión. Así, estas buscan convocar formalmente una mesa de análisis con los ministerios de Economía y de la Seguridad Social, junto con los agentes sociales y la oficina económica de la Moncloa.
El posible resurgir de otro choque: el abaratamiento de los despidos
Antes del 1 de enero de 2025, dicha mesa tendrá que dictaminar si es necesario hacer ese endurecimiento para combatir la temporalidad de los trabajos. Eso sí, el foco de la reunión peligra de trasladarse a otro asunto, En concreto, al único aspecto que sigue vigente de la reforma laboral aprobada por el PP: el abaratamiento del despido de los empleados.
La reforma del Partido Popular, en esta línea concreta, supuso una reducción en las indemnizaciones por despido, tanto en los casos en los que los despidos fuesen procedentes cómo improcedentes. En el caso de estos últimos, de hecho, se redujo la cuantía de 45 días por año trabajado a 33, con 24 mensualidades como máximo, mientras que las indemnizaciones de los procedentes bajaron a 20 días por año trabajado en hasta 12 mensualidades.
Algunos grupos sindicales, como es el caso de UGT, quieren elevar el precio del despido, así como establecer un "despido reparativo". Este tipo de despido contaría con indemnizaciones diferenciadas por la situación del trabajador afectado, puesto que los perjuicios también serían diferentes según los casos.
Esta medida ya contaba con el apoyo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el año 2023. Por aquel entonces, UGT y CCOO llevaron a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por considerar que las indemnizaciones eran bajas y que no cumplían con la legislación comunitaria. Ahora este podría nublar las revisiones respecto a la temporalidad en el empleo en España.