La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes que aplicará la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica aprobado por el PP en el año 2012.

El objetivo, "aliviar" a los ciudadanos y empresas que, de un tiempo a esta parte, se están enfrentando a continuos precios históricos de la factura de la luz. Con la medida, los ciudadanos podrán ahorrarse un 2% de la factura final.

Hay que recordar que casi el 28% del total de la factura de la luz corresponde al precio mayorista del megavatio hora (MWh) y esto es precisamente lo que quiere reducir el Gobierno de Pedro Sánchez, ese precio.

Un impuesto del PP

En 2012, con Mariano Rajoy en La Moncloa y con José Manuel Soria como ministro de Industria, se impuso el impuesto de generación eléctrica para equilibrar los ingresos y los costes del sistema eléctrico.

En principio, este tipo impositivo tenía que recaer sobre las centrales de generación eléctrica, pero la realidad fue que las empresas lo aplicaron sobre el precio del mercado. Al final, era el consumidor el que sufría este nuevo impuesto.

Un nuevo bono social

Otro de los objetivos del Gobierno es ayudar a los ciudadanos más vulnerables por lo que Ribera ha anunciado la creación de un nuevo bono social para la calefacción durante los meses de invierno.

Sería una forma de luchar contra la pobreza energética que viven muchas personas en cuanto llega el invierno y no pueden costearse encender un radiador en sus hogares.

Por último, antes de terminar este 2018, el Ejecutivo de Sánchez quiere comenzar una remodelación de todo el mercado eléctrico.

Defensor del Pueblo, preocupado por precio de luz

En este sentido, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha mostrado su preocupación por el elevado precio de la electricidad y ha pedido que se proteja a los consumidores, sobre todo a los más vulnerables, porque el suministro eléctrico es "un bien de primera necesidad".

Fernández Marugán está preocupado por las continuas y recientes subidas que ha registrado en los últimos tiempos el precio de la luz, "uno de los más elevados de Europa", y ha solicitado que la regulación del sector se marque el objetivo de lograr una energía más asequible.

"El suministro eléctrico es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales" como la educación, la salud o una vivienda digna, ha subrayado en un comunicado.

La institución ha trasladado recomendaciones a los poderes públicos para que garanticen que ningún hogar se vea privado del suministro eléctrico por no poder pagarlo, entre ellas, establecer un tipo de IVA reducido y descargar la factura de costes fijos para reducir su cuantía. Además, recomienda que se modifique el algoritmo que determina las ofertas de energía eléctrica, ya que considera que esto redundaría en una bajada del precio del megavatio.

El Defensor del Pueblo está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social eléctrico.