El Gobierno se ha reunido con los agentes sociales para abordar en una mesa de diálogo la incorporación de protocolos en las empresas frente al acoso que sufren las personas del colectivo LGTBI. El Ministerio de Trabajo, junto con UGT y CCOO, por parte de los sindicatos, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se han citado para estudiar el desarrollo del artículo 15 de la ley LGTBI. El texto establece que aquellas empresas con más de 50 trabajadores deben contar con protocolos destinados a evitar y solucionar situaciones de discriminación hacia el colectivo.

“Tienen que establecer medidas concretas que palíen y prevengan todo lo que tiene que ver con la situación de singularidad y no discriminación de las personas LGTBI”, ha explicado Yolanda Díaz, titular de la cartera de Trabajo. La también vicepresidenta se ha apoyado en una sentencia del Tribunal Constitucional “que refiere que la identidad sexual debe de ser garantizada como un derecho fundamental en el desarrollo del mundo empresarial”. Además, la líder de Sumar ha puesto en valor la contribución de las personas del colectivo a la economía.

Remar en la misma dirección

Los diferentes actores han valorado positivamente un encuentro que camine en la dirección de la consecución de derechos. “No debemos ni podemos privarnos del talento que las personas LGTBI aportan también al mundo empresarial”, ha señalado la titular de la cartera de Trabajo. España es un país pionero en la ganancia de derechos del colectivo LGTBI, pero aún queda mucho por avanzar, tal y como ha relatado la ministra.

“A pesar de que España es un país orgulloso de nuestra diversidad y uno de los más avanzados en derechos LGTBI, las discriminaciones persisten y lo hacen también en los entornos laborales”, ha añadido. No obstante, ha querido evidenciar la posición del Gobierno, destacando que con estas medidas “nuestro país se coloca a la vanguardia del respeto de los derechos laborales de las personas trans”.

Desde la parte sindical han llamado a desarrollar con celeridad la aplicación de la ley. Toño Abad, responsable confederal del área LGTBI de UGT, ha trasladado que las personas LGTBI “no podemos esperar”. La norma entró en vigor el 2 de marzo del pasado 2023 y el plazo de aplicación de estas medidas toca a su fin. En consecuencia existe una “urgencia en la aplicación de las mismas”, ha recordado.

En este sentido, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha admitido que los protocolos no serán reglamentarios para las empresas a principios de marzo, tal y como estaba previsto, justificándose en que el Gobierno ha estado en funciones. Pérez Rey ha indicado que, tras estas primeras aportaciones de los interlocutores sociales, van a "esperar" también a que las organizaciones empresariales presenten las suyas para trabajar en una nueva mesa de diálogo de la que pueda surgir un "texto concreto" que sirva de desarrollo reglamentario.

Abad ha urgido al Gobierno que "ponga toda la carne en el asador" para regular esta materia, dado que las personas LGTBI trabajadoras "quieren medidas en el ámbito del empleo". "Necesitamos y no podemos esperar más por esas medidas. Sufrimos discriminación en el trabajo", ha señalado. El responsable de UGT ha concluido que cualquier persona que sufra discriminación tiene que tener herramientas para defenderse frente a esa discriminación, sea del tipo que sea.

Desde CCOO, Mari Cruz Vicente ha llamado a la claridad. El artículo 15 de esta ley tiene que ser "un reglamento claro, concreto, conciso, eficaz y posible de llevar a la práctica", ha defendido la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, razón por la que el sindicato al que representa no se levantará de la mesa de diálogo. "Tenemos que hablar de las políticas de promoción del lenguaje, de la clasificación, etc. De una serie de materias que garanticen, en realidad, que en las empresas existen trabajos inclusivos sin ningún tipo de discriminación por la orientación sexual que puedan tener las personas trabajadoras", ha relatado.