El Fondo Monetario Interancional (FMI) prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) español crezca un 4,5% en 2022, tras crecer un 7,2% en 2021 y desplomarse un 12,8% en 2020, según el nuevo cuadro de expectativas macroeconómicas que ha publicado este viernes el organismo.

En el informe Perspectiva Económica Mundial, publicado a principios de octubre, el Fondo incluyó sus perspectivas para el próximo lustro, que ha mantenido sin cambios. Más allá de las previsiones a corto plazo, avanza que la economía española crecerá un 3,4% en 2023, un 2,8% en 2024 y un 1,5% en 2025.

Por otro lado, estima que el déficit público estará situado en el 5,8% en 2022, tras alcanzar el 7,5% en 2021 y el 14,1% en 2020. Sin embargo, en 2023 se reducirá hasta el 4,7% y en 2024 alcanzará el 3,9%, aunque experimentará un repunte en 2025 hasta el 4,4%.

"La pandemia ha golpeado en la sociedad y la economía españolas gravemente tras cinco años de crecimiento sólido y rico en empleos. Un gran sector servicios dominado por las pymes, la importancia del turismo y el uso generalizado del empleo temporal hacen a la economía particularmente vulnerable a la crisis sanitaria. Harán falta varios años para que la economía se recupere y los pronósticos están sujetos a graves riesgos a la baja", han alertado los técnicos del FMI.

Con respecto a la inflación, la tasa anual cerrará el año situada en el 0,8% el año que viene, tras registrar una deflación del 0,3% este año. En 2022 escalará hasta el 1,6%.

Paro: recuperación en 2026

El paro registrará una evolución menos favorable como consecuencia de la crisis generada por la pandemia. La estimación del FMI es que alcance los niveles de 2019 (14,1%) hasta, por lo menos, en 2026. Este año el paro escalará hasta el 16,8%, cifra en la que permanecerá sin cambios en 2021.

En 2022 el desempleo comenzará su reducción hasta situarse en el 15,7%, aunque el ritmo de caída se irá ralentizando en los años siguientes. Así, en 2023 se situará en el 14,9%, mientras que en 2024 alcanzará el 14,4% y en 2025, el 14,2%.

"La recuperación depende de un fuerte repunte del consumo privado y un incremento sustancial de la inversión pública financiada principalmente por la utilización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE", ha agregado el organismo. 

Asimismo, las necesidades de financiación derivadas del gasto social para contrarrestar los efectos de la pandemia tendrán un impacto en la deuda pública. Si en 2019 cerró en el 95,5% del PIB, este año alcanzará el 123%. La reducción para 2021 y 2022 será poco pronunciada, registrando un ratio del 121,3% y del 120,4%, respectivamente.

A pesar de las perspectivas negativas, el Fondo ha asegurado que las políticas públicas se deben mantener hasta que la recuperación esté encaminada para "mitigar el riesgo de una recesión transformándose en estrés para el sector financiero". El Fondo también ha recomendado mejorar la asistencia social y los beneficios para los desempleados de forma temporal.

Apoya la subida al diésel y al IVA

Más allá de las previsiones económicas, el FMI también se ha pronunciado sobre las medidas del Gobierno. Por un lado, ha valorado positivamente las subidas a los impuestos al diésel y al IVA, aunque matiza que no es el momento para hacerlo.

"Medidas que tengan un efecto desproporcionado sobre las rentas bajas para elevar la recaudación de IVA o subir los impuestos medioambientales, deberían esperar hasta que la recuperación sea firma y venga acompañada de gasto focalizado en proteger a los más vulnerables", explica el organismo. 

Además, recomienda la introducción de un modelo mixto de pensiones similar a la mochila austriaca. "La conclusión de la simulación es que la propuesta mixta de contrato único y un fondo austriaco tiene el potencial de reducir significativamente la segmentación del mercado laboral en España, sin aumentar el coste del despido para las empresas ni reducir la protección del empleo para los trabajadores", afirma la institución.

Además de estas reformas, el FMI subraya la necesidad de abordar otras políticas destinadas a reducir los costes legales y administrativos de los contratos indefinidos, especialmente las enfocadas a reducir las incertidumbres legales y administrativas del procedimiento de despido, incluyendo la simplificación de posibles causas para la nulidad y la diferenciación de las acciones correctivas entre motivos procesales y sustanciales.

Otro de los problemas analizados es el acceso a la vivienda en alquiler y plantea que se deben evitar tanto la protección excesiva del arrendamiento como la alta inseguridad jurídica para el sector inmobiliario. El objetivo es evitar efectos adversos en la oferta de viviendas de alquiler que intensifiquen los problemas de asequibilidad.