“Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”. Con esta frase plasmada en el acuerdo “de legislatura”, en palabras de Carles Puigdemont, PSOE y Junts se abren a “facilitar” el regreso de las empresas catalanas que se fueron en su momento tras el referéndum de independencia de 2017. Una declaración de intenciones por parte del PSOE y el partido de Puigdemont en el que la última decisión la tienen las verdaderas protagonistas, es decir, las empresas que se fueron hace ya cinco años. Y parece que lo tienen claro. O al menos lo tenían antes de conocerse el acuerdo. 

Las grandes cotizadas catalanas, especialmente bancos, se fueron de Cataluña en 2017 tras el referéndum del 1 de octubre por la independencia. Entidades financieras claves para la región, y para España, como CaixaBank -y su vehículo inversor, CriteriaCaixa- o Banco Sabadell decidieron hacer las maletas y mudar su sede social fuera de territorio catalán. CaixaBank optó por llevar su sede a Valencia, a más de dos horas de Barcelona; CriteriaCaixa incluso cruzó el mar para situar su sede social en Palma de Mallorca y Banco Sabadell trasladó sus papeles a Alicante. Tres traslados que provocaron un cambio de sede para las tres protagonistas del sector empresarial catalán a gran escala. A la cúpula financiera catalana se suman también otras empresas consideradas estratégicas para la sociedad como son las energéticas. En este caso, Naturgy, que se llevó su sede a Madrid. 

Tras la declaración de intenciones del PSOE y Junts para “facilitar” ahora la vuelta de estas empresas a su sede anterior, los gigantes catalanes del Ibex no parecen tener intención de hacer rápidamente las maletas para volver a Cataluña. Oficialmente ninguna de las grandes empresas quiere hacer comentarios sobre el acuerdo ni sobre la literalidad de las palabras plasmadas en el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Sin embargo, hay un sentimiento más que claro sobre el cambio de sede en cada una de estas empresas que han ido dejando patente, uno a uno, sus directivos en las intervenciones públicas, mucho antes de que comenzaran las negociaciones entre el PSOE y Junts para avanzar en la investidura tras las elecciones generales celebradas a finales de julio.

CaixaBank y la permanencia de su nueva sede en Valencia 

CaixaBank eligió Valencia para llevarse su sede social a finales de octubre de 2017 y parece que no pretende volver. Al menos así lo ha ido confirmando su cúpula, con José Ignacio Goirigolzarri como presidente y Gonzalo Gortázar como consejero delegado, en todas las intervenciones públicas en los que los medios preguntaban por ello. Una ratificación especialmente importante teniendo en cuenta que la mayoría de las veces se ha producido en la sede social de Valencia de la compañía, dejando claro el compromiso con la ciudad y la sociedad valenciana de mantener su sede social como permanente. CaixaBank no hace comentarios ahora sobre las palabras del acuerdo PSOE-Junts pero las palabras reiteradas por la cúpula parecen dejar clara su postura. 

Siguiendo a CaixaBank, también CriteriaCaixa, su vehículo inversor y principal accionista del banco, se fue de Barcelona. En este caso, la compañía liderada por Isidro Fainé y una de las mayores sociedades de inversión a nivel nacional se fue a Palma de Mallorca en 2017 junto a la Fundación La Caixa. Criteria mantiene su sede operativa en Barcelona, como ocurre con CaixaBank, pero trasladó la sede social al otro lado del Mediterráneo. La entidad inversora tampoco se ha pronunciado, por el momento, sobre la intención del PSOE y de Junts de “facilitar y promover el regreso” de estas empresas tras las palabras plasmadas en el acuerdo. 

La otra gran entidad catalana de nacimiento, Banco Sabadell, mantiene la misma postura de silencio ante el acuerdo conocido este jueves. Sin embargo, también su cúpula ha dejado claro, antes de conocerse la intención de PSOE y Junts, que otro cambio de sede no está sobre la mesa. Sabadell se mudó a Alicante​​​​​​​ a finales de octubre de 2017, apenas unos días antes que CaixaBank, y mantiene allí su sede social desde entonces. La entidad, liderada por Josep Oliu como presidente y César González-Bueno como CEO, cuenta todavía con sedes operativas en Barcelona y en otras ciudades catalanas, entre ellas la propia Sabadell, pero su centro se fue a Alicante. Y parece que así seguirá en base a las palabras emitidas por la cúpula en los últimos años.

¿Volverá Naturgy a Cataluña? 

Más allá de la banca catalana, una energética como Naturgy también decidió marcharse de Cataluña en 2017, en concreto de Sant Cugat del Vallés a Madrid, tras la incertidumbre provocada por el referéndum de independencia. La energética mantiene silencio ante las palabras plasmadas en el acuerdo y, a diferencia de la gran banca catalana, sus directivos no han dado muchas pistas en los últimos años sobre el futuro de la sede social. En este caso, habrá que esperar de qué forma el acuerdo político podría “promover” el regreso de la sede social de Naturgy a territorio catalán como reza el texto pactado. 

A la situación de estas cuatro grandes cotizadas catalanas -quizás las más representativas de los altos sectores económicos de la región- hay que sumar las casi 4.000 empresas que optaron por cambiar su sede social en 2017 tras aquel 1 de octubre en el que se celebró el referéndum de independencia catalán. Más allá de si el ejemplo de estas cuatro empresas se puede aplicar al resto, hay una idea generalizada entre el sector.

La idea de “facilitar y promover el regreso” de estas empresas es una declaración de intenciones entre dos grupos políticos que, por el momento, no detalla de qué forma ni cuándo se materializará en la práctica. Y es que las empresas que decidieron marcharse de Cataluña en octubre de 2017 lo hicieron por su propio pie, en base a una decisión tomada por los órganos internos empresariales. La intención de PSOE y Junts de retomar ahora una cierta normalidad catalana tras el acuerdo está plasmada en el texto, pero serán estas empresas quien, en último término, tendrán que decidir internamente si quieren o no quieren volver a Cataluña.