Telefónica ha comunicado a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un total de 5.040 trabajadores de las tres filiales principales -Telefónica España, Móviles y Soluciones-, lo que representa un 40% de la plantilla total.
La compañía notificó su intención de presentar un proceso de despidos colectivos el pasado lunes a los representantes de los trabajadores. Entre este lunes y martes se constituirán las mesas de negociación de cada una de las filiales afectadas.
"Finalizadas las reuniones con las empresas que conforman el convenio de empresas vinculadas (CEV), Telefónica ha motivado los tres expedientes anunciados en causas organizativas, técnicas y de producción, con una afectación global de 5.040 personas", han indicado.
Según la documentación jurídica facilitada por la empresa a los sindicatos, la afectación del ERE se divide en 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587) y 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118).
UGT ha exigido que cualquier medida que se adopte como un proceso estrictamente voluntario basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2019.
Asimismo, UGT ha señalado que resultará imposible alcanzar un acuerdo global si no avanzan de forma satisfactoria las negociaciones para prorrogar el actual CEV hasta 2030. Dicha prórroga permitiría extender las garantías y mejorar las condiciones socio-laborales de una plantilla llamada a asumir los retos derivados del Plan Estratégico presentado el pasado 4 de noviembre, ha subrayado el sindicato.
En este contexto, cabe recordar que la compañía comunicará este martes, 25 de noviembre, la afectación de los despidos colectivos que se implementarán en otras cuatro sociedades del grupo, en concreto: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.
En la misma línea se ha expresado CCOO, que ha resaltado que defenderá un proceso "voluntario, universal, que enlace con la jubilación y con buenas condiciones económicas y sociales".
En este contexto, cabe recordar que la compañía comunicará mañana, 25 de noviembre, la afectación de los despidos colectivos que se implementarán en otras tres sociedades del grupo, en concreto: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.
El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.
El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.
No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.
De hecho, el nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.
"En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (...) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores", apuntó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la presentación del plan el pasado 4 de noviembre.
Los plazos de comunicación del ERE a los sindicatos encajan en tiempos para que el acuerdo sobre el mismo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o muy a comienzos de 2026 para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.