Talgo celebra este jueves una reunión del consejo clave para su futuro. En medio de la incertidumbre de los últimos días sobre la entrada de Sidenor como socio industrial que asegure la capacidad presente y futura de sus plantas de producción, la compañía nacional también tiene que hacer frente a otra serie de cuestiones como la guerra abierta con Renfe por los retrasos en la entrega de los trenes Avril.

Sidenor parece ser la opción favorita para entrar en Talgo como socio industrial, una reclamación que vienen repitiendo los actores protagonistas de la operación desde hace meses. Tanto la dirección como los sindicatos, como también algunos miembros del Gobierno, parecen ver la opción planteada por el fabricante vasco como la salvación para Talgo, concretada en hacerse con el 29,9% del fabricante de trenes nacional. Obviamente también el Gobierno y la sociedad vasca apuestan por Sidenor para asegurar la viabilidad del fabricante de trenes, con una de sus principales plantas situadas en Euskadi, en la que actualmente emplea a 700 trabajadores.

Sidenor mete prisa al accionariado de Talgo

Sidenor, su presidente, José Antonio Jainaga y el Ejecutivo vasco lanzaron esta propuesta hace meses para salvar a Talgo tras el no del Gobierno a la opa lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon. Tanto la compañía vasca como el Gobierno regional parecían estar convencidos en entrar en el capital del fabricante de trenes nacional. Sin embargo, hace apenas unos días, Sidenor ha metido prisa para tomar una decisión sobre si aceptar, o no, su entrada como socio industrial de Talgo.

Y es que en las últimas semanas ha aparecido otra opción que estaría interesada en entrar en el capital de Talgo. Se trata del fondo estatal polaco PFR, algo parecido a la SEPI española que, según algunas fuentes, estaría ahora interesado en entrar en Talgo. El fondo estatal polaco tiene bajo su control la compañía Pesa, encargada también de fabricar trenes en dicho país, por lo que también podría entenderse como un socio industrial de Talgo. De hecho, ambas empresas han realizado trabajos conjuntos en los últimos meses.

Esta opción no parece gustar a la sociedad empresarial vasca, que se ha pronunciado en los últimos días totalmente a favor de mantener Talgo en su territorio por miedo a la deslocalización. De nuevo, han reiterado que harán “todo lo posible” por mantener a la compañía en el País Vasco y, en última instancia, como empresa española. Una intención que comparten con el Ejecutivo central que, a pesar de no hacer comentarios ante la reunión del consejo de administración de Talgo, sí que han dejado claro a través de sus ministros la predilección por mantener Talgo con capital español.

A la petición de rapidez del fabricante vasco Sidenor se suma también el final del pacto de accionistas en el accionariado interno de Talgo. A finales de este mes de diciembre, y en el límite de cerrar el ejercicio, terminaría el pacto de accionistas que tiene en sus manos un 40% del capital de Talgo. En este 40% conjunto se encuentran agrupados grandes accionistas como Trilantic, con un 29,9%; la familia Oriol, con un 7%, y los Abelló, con apenas un 3% del capital de Talgo.

El problema estaría en el precio

El principal problema para no haber dado el visto bueno todavía a la entrada de Sidenor como socio industrial parece estar en el precio que ha marcado esta compañía para poder hacerse con casi un tercio de Talgo, cifrada en los cuatro euros por acción. Un precio que queda por debajo de lo que ofreció en su momento Magyar Vagon, en los cinco euros, oferta que el Gobierno central bloqueó en agosto y ante la que los sindicatos de la compañía han pedido reiteradas veces un plan B para asegurar la viabilidad de las plantas.

Ambas situaciones confluyen en este momento y se decidirán este jueves en la reunión del consejo de administración de Talgo, previsiblemente la última del año, en la que es de esperar que se cierren decisiones claves, tanto para el presente como para el futuro de la compañía.

Además, el consejo tiene que tomar una decisión también sobre la guerra abierta con Renfe, con una reclamación de 116 millones de euros sobre la mesa enviada por el operador público por el retraso en la entrega de los trenes Avril. Y es que Talgo ha acumulado retrasos de casi dos años en la entrega de dicho pedido al operador público ferroviario. Sin embargo, el fabricante de trenes alega “la improcedencia de las penalizaciones impuestas” por Renfe, tal y como ha respondido públicamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace apenas una semana. Así, Talgo justifica el incumplimiento del pedido con Renfe por causas de fuerza mayor como la pandemia de coronavirus o los problemas en la cadena de suministro del sector.