La multinacional energética Repsol ha negado de forma tajante cualquier tipo de relación comercial o vínculo con el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, uno de los investigados en el denominado caso Plus Ultra, una causa judicial que en los últimos meses ha pasado a la Audiencia Nacional. La petrolera asegura operar bajo “estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad” y rechaza las informaciones que apuntan a una supuesta mediación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para favorecer negocios de Díazgranados en Venezuela vinculados a la distribución de lubricantes de la compañía.
En uno de los autos judiciales se hacía referencia expresa a una supuesta “influencia” de Zapatero sobre directivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela.
No obstante, fuentes de Repsol han negado “de manera rotunda” a distintos medios cualquier relación comercial o de otro tipo con el empresario investigado. Además, en las resoluciones posteriores de la Audiencia Nacional, publicadas este lunes, no aparece reflejada esa presunta mediación concreta, aunque todavía permanecen bajo secreto dos piezas separadas del procedimiento.
Los mensajes intervenidos por la UDEF que llevaron el caso hasta la Audiencia Nacional
La posible existencia de una trama internacional de blanqueo de capitales y tráfico de influencias con conexiones fuera de España sitúa en el centro de la investigación a dos nombres clave: el empresario venezolano Danilo Díazgranados y el abogado Miguel Palomero, ambos detenidos. Parte de los indicios que manejan los investigadores surgieron tras un registro realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en octubre de 2024 en el despacho de Palomero.
Durante aquel operativo, los agentes intervinieron un teléfono móvil que contenía un chat de WhatsApp denominado “Danilo-España”. En esas conversaciones, según consta en el sumario del caso, ambos hablaban de una persona a la que se referían mediante los códigos “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”, identificados posteriormente por los investigadores como referencias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Ese intercambio de mensajes terminó convirtiéndose en una de las piezas más relevantes de la investigación y fue clave para que la Audiencia Nacional acabara imputando a Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La causa se originó inicialmente por el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en 2021, una operación que fue denunciada por organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias, que apuntaban a posibles irregularidades en la concesión de las ayudas públicas. Sin embargo, el foco de la investigación fue ampliándose hasta elevar el caso a la Audiencia Nacional.
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