Renfe estudia recurrir la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el acceso de Iryo a sus instalaciones de mantenimiento ferroviario. El regulador ha estimado parcialmente las pretensiones del operador privado y ha establecido una obligación concreta para Renfe en el taller de La Sagra (Toledo), aunque ha rechazado otras de las solicitudes planteadas por Iryo. La compañía pública asegura que está analizando el contenido y la fundamentación jurídica, técnica y operativa de la resolución antes de decidir si presenta un recurso.
El principal punto de la decisión afecta al bajabogies de La Sagra, un equipamiento utilizado para desmontar y montar los bogies de los trenes. La CNMC establece que Iryo podrá utilizarlo temporalmente en régimen de autoprestación y bajo determinadas condiciones. La medida se corresponde con una oferta que Renfe Ingeniería y Mantenimiento realizó en julio de 2025 durante las negociaciones entre ambas compañías.
Renfe insiste, no obstante, en que la resolución no supone una apertura general ni permanente del taller de La Sagra. Según explica la empresa, la obligación se limita al uso temporal de ese equipamiento y en las condiciones contempladas en aquella oferta. Las negociaciones entre Renfe e Iryo, según explica la operadora pública, terminaron sin acuerdo y sin que llegara a formalizarse un compromiso contractual de acceso.
La decisión de la CNMC también descarta otras dos pretensiones de Iryo. Por un lado, rechaza el acceso a la base de mantenimiento de Valladolid, al considerar desproporcionada esta medida. Por otro, tampoco obliga a Renfe a permitir que Iryo realice en régimen de autoprestación la totalidad de las operaciones correspondientes al mantenimiento pesado de sus trenes, conocido como R2. Renfe considera que estos dos rechazos reducen de forma considerable el alcance de las solicitudes formuladas inicialmente por el operador privado.
El conflicto se produce después de que Renfe e Iryo mantuvieran negociaciones durante más de un año para determinar las condiciones de acceso de los trenes del segundo operador a las instalaciones de mantenimiento pesado de la compañía pública. En este contexto, la CNMC ya había adoptado anteriormente medidas provisionales para evitar que los trenes de Iryo pudieran quedar inmovilizados mientras se resolvía el fondo del asunto.
Renfe señala que, tras esas medidas, llevó a cabo diferentes actuaciones para posibilitar el acceso de material de Iryo a La Sagra. Entre ellas, programó pruebas de compatibilidad, movilizó recursos y coordinó a las unidades implicadas. Una primera prueba tuvo que suspenderse debido a una incidencia y finalmente se realizó el 26 de junio de 2026. La compañía defiende que estas comprobaciones son necesarias para garantizar que el material de otros operadores pueda entrar en sus instalaciones cumpliendo los requisitos de seguridad, compatibilidad técnica y coordinación de los trabajos.
El argumento central de Renfe es que el problema no se limita al acceso a una instalación concreta, sino que afecta a la capacidad industrial disponible para mantener su propia flota. La compañía sostiene que esta capacidad depende de un conjunto de factores, entre ellos los talleres, los equipos, el personal especializado, los horarios, las secuencias de trabajo y las exigencias de seguridad.
La operadora pública afirma que sus instalaciones no disponen de una capacidad ilimitada ni permanecen desocupadas, sino que están dimensionadas para atender su propia flota y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones operativas y de servicio público. Por ello, sostiene que el acceso de terceros debe valorarse teniendo en cuenta las necesidades reales existentes en cada momento y evitando que los recursos destinados a sus trenes se vean reducidos.
La cuestión se enmarca, además, en la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, con la entrada de operadores privados como Iryo en determinados corredores. Renfe defiende que la competencia debe desarrollarse bajo criterios de reciprocidad y que cada operador debería disponer de las inversiones y capacidades industriales necesarias para sostener su actividad.
Renfe analizará ahora el contenido de la resolución y deberá determinar si recurre. Mientras tanto, el uso temporal del bajabogies de La Sagra constituye la obligación concreta que permanece vigente respecto al acceso de Iryo a las instalaciones de la compañía pública.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.