La revelación de los últimos informes de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desvelado las actuaciones corruptas de importantes políticos, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ex secretarios de organización del PSOE y diputados, y de figuras más turbias como Koldo García, relacionados con los dos anteriores a través de la formación socialista. El foco se ha puesto en estos nombres y el material incautado a estos y en Acciona, principal beneficiaria de las adjudicaciones (537 millones en adjudicaciones); sin embargo, el acta de registros de la UCO señala hasta siete empresas, siendo alguna de ellas de gran renombre y cotizadas, como Ferrovial.
La Levantina de José Ruz
Una de las empresas que más se repiten en el informe es Levantina, Ingeniería y Construcción L.I.C SL. Esta constructora fue una de las receptoras de registros el pasado 9 de junio, tanto en su sede como en el domicilio de José Ruz, empresario al que la UCO considera el nexo entre Víctor de Aldama y tándem Ábalos-Koldo, que habría tenido en nómina a Koldo, a través del cual también pagaría la presunta pensión a Ábalos. Los contratos señalados en Asturias, Teruel, La Rioja, Elche y más ciudades ascienden casi 78 millones de euros.
En el caso de LIC, diversas conversaciones involucran al empresario, al que denominan “Pepe” y otros nombres con los que mantiene conversaciones Koldo, como Javier Herrero, director general de Carreteras en aquellos momentos, e Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif del 2018 a 2021. Las conversaciones recogidas en el informe llevan a la UCO a concluir que “demuestran que la intermediación de Koldo en favor de los intereses de José Ruz habría surtido efecto”.
OPR y los hermanos Fernández Menéndez
La otra gran señalada Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), dedicada a las obras en materia hidráulicas, es otras de las piezas angulares de la trama gracias a su relación con Acciona. En el momento de las presuntas corruptelas, la empresa estaba liderada por Antonio y Daniel Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona en aquel momento. Todos ellos también sufrieron registros en sus domicilios. Los contratos afectados se ubican en Asturias, Úbeda y Lugo, aunque solo se conocen los 7,3 millones de euros de una calzada en el Principado.
Los contactos entre los hermanos Fernández Menéndez, “introducidos a Koldo” por Merino, habrían sido “recurrentes”, según la UCO, “manteniendo numerosas reuniones y discutiendo aspectos relacionados con diferentes obras licitadas por el Ministerio de Transportes”. Herrero y Pardo de Vera también aparecen señalados por obras en Asturias y Galicia y conversaciones. “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”, le escribe Herrero a Koldo en relación con la obra de Asturias, de la que finalmente dice haber “hecho bingo”.
Servinabar, la empresa de Cerdán
La tercera empresa a la que acudieron los policías encargados de realizar los registros es Servinabar 2000 SL, afectando también al domicilio del dueño, Joseba Antxón Alonso Egurrola, que había sido socio de Koldo en la cooperativa Noran. Es precisamente en la casa de este en la que se habría encontrado el documento de 2016 que atribuye el 45% de la compañía (1.350 acciones de las 3.000) a Santos Cerdán.
Los contratos que afectan a esta empresa son seis, todos ellos a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, y se circunscriben a Navarra, donde por aquel entonces Cerdán lideraba el PSN y era diputado. Así, pueden ser los más antiguos de la trama, según lo recabado hasta ahora. El presupuesto total para estos contratos ronda los 100 millones de euros.
Ferrovial y otras en la investigación de la UCO
Aunque no recibieron registro en sus sedes ni los domicilios de sus dueños, existen otras empresas señaladas por UTEs con Acciona, a quien la UCO le ha pedido varios expedientes. La más reconocible es la cotizada Ferrovial Agroman SA, propiedad de los hermanos del Pino y dotada de relevancia en los últimos años por su fuga fiscal a Países Bajos.
La constructora lleva siendo décadas una de las principales adjudicatarias de obras públicas en España y ahora aparece en el caso por la adjudicación de dos contratos compartidos con Acciona, a través de una UTE. Los dos expedientes son de obras contratadas por Adif, en Almería y Murcia, y alcanzan los 280 millones de euros de importe de adjudicación.
Otras que aparecen por contratos adjudicados en conjunción con Acciona son Tecade SA y Freyssinet SAU. En esta ocasión, el órgano de contratación es la Dirección General de Carreteras (DGT) y el cometido son “trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras” en Sevilla. El valor de la adjudicación asciende a los 71,4 millones de euros. Aquaterra Servicios Infraestructuras SL es la última recogida en el informe y de la que se ha solicitado a Acciona un expediente. El contrato por esta obra de La Rioja, también de la DGT y con el mismo cometido que la anterior, alcanza los 92,5 millones.