Iberdrola se ha convertido en la primera compañía española en obtener el certificado de AENOR a su Sistema de Gestión de Compliance Tributario conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE 19602.
La certificación, alineada con la norma española y con las recomendaciones de la OCDE, se centra en el establecimiento y supervisión de políticas y estrategias fiscales, de las directrices básicas para su gestión y de las decisiones sobre asuntos con relevancia estratégica, así como en el diseño del sistema de gestión y control fiscal del Grupo Iberdrola.
El CEO de AENOR, Rafael García Meiro, ha hecho entrega del certificado al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el transcurso de un acto celebrado en las oficinas de la compañía en Madrid.
Galán ha señalado que “es una satisfacción ser la primera compañía española en recibir este certificado, que ratifica el papel de Iberdrola como referente en materia de gobierno corporativo y de buenas prácticas tributarias, manteniendo una cultura de cumplimiento responsable y de transparencia en el ámbito de la información fiscal”.
La norma ayuda a la prevención de riesgos fiscales
La norma española UNE 19602, relacionada con los Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, fue aprobada en febrero para dar respuesta a la progresiva relevancia de la responsabilidad social corporativa y teniendo en consideración que el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias se contempla como uno de los principales riesgos que afectan a todas las organizaciones.
Esta norma define unos requisitos y unas recomendaciones de compliance tributario. Así, ayuda a las empresas a implementar un sistema de gestión que facilite la identificación, prevención y detección de riesgos fiscales, con el fin de evitar o mitigar liquidaciones complementarias, sanciones o delitos contra la Hacienda Pública y, en el caso de que ocurran, a que se creen mecanismos de control y mitigación.
La norma UNE 19602 facilita, asimismo, la transparencia frente a la administración tributaria y un cumplimiento ético de la organización respecto a sus relaciones con la administración pública, tanto estatal como autonómica y local.