Fundación Naturgy ha presentado el estudio ‘Análisis del grado de avance y perspectivas de cumplimiento del PNIEC 2023-2030’, elaborado por EY, que examina la evolución de los principales indicadores energéticos y climáticos para determinar hasta qué punto se ajustan a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El documento identifica tanto los ámbitos que progresan conforme a las previsiones como aquellos en los que persisten importantes desafíos.
El informe señala que España continúa avanzando en materia de descarbonización y transición energética, aunque el ritmo de ejecución actual no sería suficiente para cumplir buena parte de las metas establecidas para 2030. En este contexto, el estudio advierte de que los próximos años serán fundamentales para intensificar las medidas y reducir las diferencias entre los resultados obtenidos y los compromisos adquiridos.
La jornada ha comenzado con la intervención de María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, quien ha subrayado la necesidad de contar con estudios rigurosos que permitan medir el progreso efectivo de la transición energética y enriquecer el debate público sobre los desafíos que todavía deben abordarse. Posteriormente, Marta Sánchez Álvarez, socia responsable del Sector Energético de EY, y Jaime Moretón Poch, director en Consultoría del Sector Energético de EY, han expuesto las principales conclusiones del análisis.
En su intervención, Marta ha identificado como uno de los principales retos el impulso de la demanda eléctrica y de los gases renovables. También ha destacado la importancia de avanzar en la descarbonización del transporte, incluido el marítimo, para alcanzar los objetivos previstos.
Uno de los aspectos que requiere mayores esfuerzos es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el estudio, si se mantienen las tendencias actuales, los recortes de emisiones quedarían por debajo de los compromisos recogidos en el PNIEC. Esta situación resulta especialmente significativa en sectores como el transporte, la edificación, la agricultura y la gestión de residuos, donde la descarbonización progresa a un ritmo inferior al necesario.
El documento también advierte de las dificultades que afronta la electrificación de la economía. Pese al crecimiento sostenido de la capacidad de generación renovable instalada, la demanda de electricidad continúa situándose por debajo de las estimaciones del Plan, una circunstancia que complica la integración eficiente de las nuevas instalaciones. Ante este escenario, los especialistas consideran prioritario desarrollar sistemas de almacenamiento energético, modernizar las redes eléctricas y fomentar la electrificación de actividades estratégicas para sacar el máximo partido a las inversiones realizadas.
A estos desafíos se suman los retrasos detectados en eficiencia energética y en la implantación de tecnologías que tendrán un papel destacado en la transformación del modelo energético, como el vehículo eléctrico y el hidrógeno renovable. Durante la jornada se ha insistido en la conveniencia de establecer incentivos económicos y marcos regulatorios que faciliten su adopción y contribuyan a acelerar el cumplimiento de los objetivos.
Frente a estas dificultades, el informe presenta unas perspectivas más positivas para el biometano en España. Aunque los niveles actuales de producción todavía son reducidos, los proyectos previstos podrían permitir que el sector se aproxime a las metas establecidas para 2030. Los responsables del análisis consideran que disponer de una regulación estable y estimular la demanda será esencial para aprovechar este potencial y favorecer el crecimiento del biometano durante los próximos años.
Redes, almacenamiento y estabilidad regulatoria, fundamentales para alcanzar las metas de 2030
Una vez expuestas las conclusiones del estudio, se ha desarrollado una mesa de debate moderada por Alba Pérez, redactora de Empresas de Vozpópuli. En ella han intervenido Pedro Larrea, director general de Redes de Naturgy; Antonio Hernández, socio del área de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY; Diego Rodríguez Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid; y Ana Barreira, directora general del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
A lo largo del encuentro, los expertos han destacado la importancia de agilizar el desarrollo de infraestructuras, proporcionar certidumbre regulatoria y estimular la inversión para avanzar hacia los compromisos energéticos y climáticos fijados para el final de la década.
Pedro Larrea ha advertido de las desviaciones existentes respecto a las previsiones iniciales: “en casi ninguno de los componentes estamos en una senda que permita prever que se cumplirán las previsiones del PNIEC. En el sector eléctrico, la mayor desviación está en la demanda, mientras que, en otros sectores, y sobre todo en el transporte, estamos muy lejos de las previsiones. También vemos una desviación respecto a los objetivos fundamentales de descarbonización y eficiencia energética”.
En su intervención, Larrea también ha planteado la necesidad de evaluar el Plan desde una perspectiva más amplia: “el PNIEC no es un documento normativo, sino un documento de orientación y de objetivos, y su éxito debe valorarse más respecto a esos objetivos que respecto a sus componentes concretos. En el sector eléctrico, el avance en la descarbonización ha podido ser significativo, pero el avance ha sido mucho menor en ofrecer otras posibilidades que también garantizan la autonomía energética, la seguridad de suministro y la competitividad del coste de la energía. Tenemos que darles distintas herramientas a los consumidores para descarbonizarse para que elijan la opción más eficiente desde un punto de vista tecnológico o económico”.
Larrea también ha señalado que las circunstancias han cambiado desde la elaboración del Plan, con acontecimientos como la guerra de Ucrania que han alterado el escenario energético. En este sentido, ha defendido que no se trata tanto de determinar si el PNIEC está bien o mal planteado, sino de valorar su utilidad a partir de los objetivos que persigue. "Se trata de un documento de orientación", ha recordado, insistiendo en que su evaluación debe tener en cuenta la evolución del contexto económico y geopolítico.
El director general de Redes de Naturgy ha concluido su participación con una reflexión sobre la necesidad de revisar las expectativas: “los objetivos pueden ayudarnos a avanzar, pero los objetivos imposibles pueden generar frustración y desprestigiar el propio plan. Por eso soy de los que piensan que hay que replantearse los objetivos que se marcaron en su día. Hay que avanzar hacia un mayor realismo y tener en cuenta, junto a la descarbonización, la competitividad y la garantía de suministro”.
Desde izq, Antonio Hernández, Ana Barreira, Pedro Larrea, Diego Rodríguez y Alba Pérez. FUNDACIÓN NATURGY
Por su parte, Antonio Hernández ha puesto el foco en las oportunidades que ofrece el desarrollo de las energías limpias: “el gran logro hasta la fecha es que España empieza a aprovechar la ventaja competitiva de ser un país abundante en fuentes renovables. Gracias al esfuerzo de las empresas, del sector público y del sector privado en general, las renovables siguen aumentando su peso en el consumo final y en el mix. Esto nos va a permitir, a medio plazo, ser más competitivos e independientes del exterior”.
No obstante, Hernández ha identificado tres grandes desafíos: la financiación y la regulación, las cuestiones técnicas y la aceptación social de las renovables. En este sentido, ha explicado que “el financiero y regulatorio, el técnico y el de la aceptación social de las renovables. El PNIEC contempla 308.000 millones de euros de inversión, con un 85% procedente del sector privado, por lo que es imprescindible una regulación predecible y señales claras a medio plazo. En el ámbito técnico, necesitamos aumentar la demanda para acompañar el crecimiento de la oferta, promover tanto las baterías como el almacenamiento mediante bombeo y ejecutar la planificación de las redes. También falta concienciación sobre el empleo y la inversión que las renovables generan en los territorios. El PNIEC es un instrumento vivo, en ámbitos como el hidrógeno verde y los bombeos vemos, más que un incumplimiento, una demora de los objetivos en un entorno complicado”.
En la misma línea, Diego Rodríguez Rodríguez ha defendido la utilidad de disponer de una planificación energética, aunque ha insistido en que las aspiraciones deben acompañarse de mecanismos de seguimiento y evaluación: “hay que poner en valor la propia existencia del PNIEC. Tener una planificación, aunque no sea vinculante, exige reflexión, disciplina, metodología y transparencia, y permite comparar los objetivos con lo que hemos conseguido. Soy partidario de tener objetivos ambiciosos, pero sin confundir lo deseable con lo alcanzable, necesitamos realismo y supervisión de los avances, sin esperar a 2030”.
Entre los avances conseguidos, el catedrático ha destacado “el incremento de la potencia fotovoltaica y la reacción de la industria ante el encarecimiento de la energía. La industria ha mejorado considerablemente su eficiencia, entendida como consumo por unidad de valor, y se ha comportado muy bien en la reducción de emisiones, tanto de combustión como de proceso”.
Rodríguez también ha advertido del desequilibrio entre el crecimiento de la generación renovable y la evolución del consumo eléctrico: "Si queremos aumentar la oferta sin aumentar la demanda, es imposible".
Sin embargo, Rodríguez se ha mostrado especialmente crítico con las posibilidades de alcanzar determinados compromisos de reducción de emisiones: “el objetivo del PNIEC es descarbonizar y los demás son objetivos instrumentales. Alcanzar una reducción de emisiones del 32% es completamente imposible bajo cualquier escenario previsible. Siendo optimistas y doblando el ritmo, nos situaríamos en una reducción del 15%. El problema no está en la generación eléctrica, sino en el transporte. También tenemos dificultades en el almacenamiento, una demanda de hidrógeno que no va a alcanzar lo previsto y unas redes que constituyen un cuello de botella”.
Ante esta situación, el profesor de la Universidad Complutense ha concluido que “todo esto exige un ejercicio honesto de realismo y un mayor compromiso con la implementación efectiva”.
Finalmente, Ana Barreira ha abordado el marco jurídico y europeo en el que se inscribe el PNIEC: “este surge del Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía y Acción Climática y forma parte de la contribución que presenta la Unión Europea para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Es un plan que establece objetivos, aunque no sea un documento jurídicamente vinculante”.
La directora general del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente también ha reconocido los progresos realizados en los últimos años, especialmente en el desarrollo de las energías renovables: “el aumento de la presencia de las renovables, con España por delante. Hemos avanzado muchísimo desde que los Estados miembros empezaron a elaborar sus planes en 2018, y hay que poner esos avances en valor”.
En cuanto a las cuestiones pendientes, Barreira ha señalado la necesidad de mejorar la coordinación administrativa y acelerar el desarrollo de las infraestructuras energéticas: “la infraestructura y la demanda no van a la par de la generación renovable, y tenemos retos en redes, almacenamiento, interconexiones, eficiencia energética y descarbonización industrial. Para hacer posible ese avance, la tramitación de los permisos es fundamental, necesitamos más coordinación y colaboración entre los tres niveles de administración, además de medios y personal suficiente”.
Barreira ha profundizado también en las dificultades administrativas que pueden ralentizar la transición energética. A su juicio, "en la economía de hoy, la velocidad es un gran valor", aunque ha advertido de que existe una diferencia entre las posibilidades que ofrece el mundo digital y las limitaciones del mundo físico. En este sentido, ha señalado que la tramitación de permisos continúa siendo un desafío, especialmente por la falta de personal y de capacidad administrativa, dificultades que no pueden resolverse únicamente mediante la digitalización.
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