La crisis abierta con Arabia Saudí, después de que esta semana el Ministerio de Defensa confirmara que había iniciado los trámites para dejar de venderle 400 bombas y el consiguiente temor a que este país cancele el contrato millonario los astilleros públicos de Navantia de cinco corbetas por un importe de 1.800 millones de euros, ha hecho que muchos se pregunten por la industria armamentística en España.
Poco se habla de ella y muchas son sus sombras, pero la industria armamentística representa al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) del total de la economía española y entre los 7.800 y los 11.180 millones de facturación, lo cual no es nada despreciable.
Según expertos consultados por ElPlural.com, dependiendo qué sectores incluyamos en lo que llamamos “industria armamentística”, su volumen de negocio llegó a los 10.700 millones en 2017 y a los 55.861 empleos. Estos datos incluirían la industria de armamento para ejércitos, más la aeronáutica, la espacial y la de material policial. Si sólo tenemos en cuenta la industria de armamento militar, ésta mantuvo en España a 22.000 empleados y 4.346 millones de facturación el año pasado.
Por comunidades autónomas, el 80% del volumen de negocio se concentra en Madrid y Andalucía, con las empresas Airbus y Navantia a la cabeza respectivamente.
Claro está, la mayoría de la producción se dedica a exportación, siendo España el séptimo país que más armamento vende al extranjero a nivel mundial. De esto, el 73% de las ventas van a parar a países de la Unión Europea y de la OTAN, encontrándose a la cabeza Alemania con una facturación de 1.213 millones en 2017. Otros países que compran mucho a las empresas españolas son Reino Unido, Egipto, Turquía, Ucrania o Iraq.
Además, como otros datos curiosos de la industria, en 2017 tuvo 6,9 millones de beneficios con la venta de material policial (porras, cascos, escudos, etc) y 48,9 millones en armas de caza y deportivas, siendo el País Vasco la región que más vendió de este último tipo. Incluso, en Euskadi la industria de las armas supone el 18% de su PIB.
Los negocios con Arabia Saudí
En el caso de Arabia Saudí, país ahora señalado por destinar supuéstamente las armas que compra a España a la guerra y matanzas de civiles en Yemen, su volumen de compras ascendió el pasado año a 270,2 millones de euros, una cifra muy lejos de la de Alemania.
El 99,74 % de la cantidad invertida por Arabia Saudí fue para la compra de materiales destinados a las Fuerzas Armadas y el resto para la Policía local de un país con el que, en términos generales, España mantiene un déficit comercial histórico, derivado de la importación de petróleo.
La principal inversión de Arabia Saudí en materia militar fue en ese ejercicio la adquisición de un avión de transporte, con un precio de licitación de 55,5 millones de euros, mientras que el resto lo destinó a repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, y a repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, y para una aeronave de un programa de cooperación europeo.
La ley de 2007 sobre el control a la venta de armas
Toda esta industria y sus ventas al extranjero se encuentran reguladas por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. En ella se recoge que la venta de armamento no se podrá realizar con países u organizaciones con los que “existan indicios racionales” de que las armas “puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz”, “exacerbar tensiones o conflictos latentes”, “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos” o “tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.
La ley no hace distinciones entre el tipo de armamento para desestimar una autorización de venta, pero tampoco precisa un protocolo o mecanismo de control del uso al que se destinan las armas o equipamiento una vez llegan al país de destino.