Ante la nueva situación creada por la jurisprudencia, asentada por los fallos del Tribunal Supremo (TS) de rechazar dos recursos presentados por Bankia contra sendos fallos de Audiencias Provinciales, la entidad presidida por Goirigolzarri ha decidido poner en marcha un proceso para la devolución del dinero invertido, por el tramo minorista, en la OPV de 2011 que comprende el importe íntegro de su inversión e intereses compensatorios del 1% anual por el tiempo transcurrido. ¡Mitigo riesgos jurídicos y reduzco costes legales asociados al mismo!

La decisión de la entidad pública ha levantado un considerable revuelo y un alto número de críticas, amén de los correspondientes parabienes a los beneficiados que decidieron ir a la salida a Bolsa de Bankia motu proprio por mucho que el TS diga ahora que existían, desde su reconocido “expertise”,  "graves inexactitudes" en el folleto de la oferta pública de títulos de la entidad, argumento que por cierto sigue siendo motivo de disputa y controversia entre el Banco de España, dos de sus inspectores, la CNMV o Deloitte.

Conscientes del riesgo

Por mucho que el fallo del TS siente doctrina, lo cierto es que los ciudadanos españoles que decidieron ir a la salida a Bolsa de Bankia, al tramo retail, lo hicieron conscientes de lo que suponía esa decisión y de los riesgos que corrían, y los que no lo hicieron así, lo hicieron amparados en la codicia de pensar que la operación, “amparada” por el Estado, no podía nada más que reportar beneficios para sus intereses. En la OPV de julio de 2011 Bankia obtuvo fondos a través del tramo minorista por importe de 1.855 millones de euros, de los cuales unos 255 millones  o bien apenas tuvieron pérdidas o bien ganaron alguna cantidad.

Queda pendiente la contingencia a asumir por el tramo institucional (1.200 millones de euros), que se entiende será tratada por los tribunales de manera diferente, pero, en caso de tener que provisionarse, estaría acotada a unos 500 millones. Hay que recordar que aproximadamente el 50% de los inversores cualificados vendieron en los días siguientes a la salida a bolsa, por lo que no tuvieron pérdidas o éstas fueron muy moderadas, con lo que no se contemplaría que presentasen demanda. De estos 500 millones, Bankia tendría que afrontar el 40% y el resto lo asumiría su matriz BFA.

En definitiva, a los 200.000 pequeños inversores que decidieron ir a la salida a Bolsa de una sociedad pública –lo del engaño sigue estando por ver- Papa Estado les va a devolver lo supuestamente perdido y además con un 1% de intereses. Mal ejemplo, pero muchos votos.

La fusión de siete cajas de ahorro que requirió ayudas públicas –no conviene olvidar que el dinero público es de todos-  por un total de 22.424 millones de euros, a lo que hay que sumar un mundo inexplorado que anda por la Sareb y los fondos que se ocupan de su comercialización, está saliendo muy caro a los contribuyentes españoles.

Más asuntos judiciales
Su salida a Bolsa ha propiciado un dislate de proporciones considerables cuya primera decisión judicial ha sido sustanciada por el Tribunal Supremo sin que éste entrara en el fondo del asunto, mientras que la Audiencia Nacional tiene abierto otro caso Bankia, en fase de instrucción, cuyos resultados son imprevisibles.

El dislate ha permitido descubrir a unos supervisores laxos que consintieron e incluso alentaron la privatización en las condiciones en que se hizo y en el que miles de ciudadanos fueran a esa salida a Bolsa buscando rentabilidad, pero sin asumir riesgo alguno.

El dislate ha demostrado que los españoles estamos muy lejos de ser iguales ante la Ley y ahí están los del Fórum Filatélico, Gescartera y otros muchos casos, en donde también ha podido mediar engaño o algún tipo de fraude.

El dislate ha propiciado reyertas internas poco gratificantes e inexplicadas como las ocurridas entre el Banco de España, el FROB y el Ministerio de Economía y cuyo exponente más vergonzante ha sido la desautorización del supervisor hacia sus propios inspectores cuando éstos actúan como peritos judiciales.

Disparate nacional

El dislate ha permitido comprobar, una vez más, el disparatado funcionamiento de la Justicia en España en donde jueces de todo tipo, se han dedicado a fallar en favor de pequeños inversores a poco que éstos y un batallón de abogados de todo tipo de laya y condición se lo plantearan.

Y así se podría continuar hasta donde se considerara preciso porque el caso Bankia, o el caso Rato o el caso de las tarjetas black, ha sido, es y seguirá siendo un autentico disparate nacional que está saliendo muy caro.

Pendiente queda lo que decida y determine el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Andreu, en el procedimiento de Diligencias Previas nº 59/2012, cuando admitió a trámite sendas querellas, sumando la de 15MpaRato del movimiento 15M a la causa abierta por iniciativa de UPyD y resultando imputados Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú, entre otros banqueros y miembros del PP, PSOE e Izquierda Unida.  Las querellas contra los consejeros de Bankia y BFA lo fueron por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Carlos Díaz Güell es editor de tendenciasdeldinero.com