Salvo por los umbrales que se interpusieron en este sentido para evitar la posible aparición de fraudes fiscales, los pagos en efectivo deben ser aceptados por ley. No obstante, existen compañías y comercios que no han respetado esta normativa y que ha llevado a que, entre 2024 y lo que va de 2025, además de una serie de multas emitidas, ya se hayan abierto hasta diez expedientes por esta práctica en la que no se acepta el dinero físico.
En este sentido, tal y como se define por ley, los negocios deben aceptar la realización de pagos en metálico por parte de los clientes, siempre y cuando las cantidades no sean superiores a aquellas marcadas con las que se pretende evitar el fraude fiscal. Por ello, aquellos que no acepten dinero en efectivo pueden enfrentar multas por infracciones leves, que poseen un baremo que oscila entre los 150 y los 10.000 euros, y graves, que pueden llegar a alcanzar los 100.000.
Los negocios que ofrezcan sus servicios de cara al público siguen estando obligados a aceptar esta forma de pago. No obstante, surge entre los comercios el debate de si esta exigencia es o no innecesaria tras el aumento exponencial de los pagos con tarjeta y métodos digitales tras la COVID-19. En las cifras que ofrece el Banco de España, el número de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentó un 11,4% en el primer semestre de 2024 respecto al mismo período de 2023. El importe total fue de 6,1 billones de euros, con un aumento del 5,4%. Los pagos con tarjeta representaron el 64,2% de los efectuados con instrumentos distintos al efectivo; las transferencias el 16,3%; los adeudos directos el 12,9% y las operaciones con dinero electrónico el 1,5%. El número de tarjetas de pago creció un 4,5%, hasta 103 millones, lo que corresponde a una media de 2 tarjetas por habitante. El coste medio por operación fue de 32 euros.
Además, según un informe presentado por Nuek, la división de pagos de Minsait, el 48 % de los consumidores españoles ha tenido, en algún momento, dificultades para utilizar su método de pago preferido. Este dato, aunque menor que en otros países, señala que el acceso digital no siempre se traduce en una experiencia de pago sin fricciones.
Por otro lado, el ministerio de Consumo, con Pablo Bustinduy al frente, a parte de penalizar el no aceptar pagos en efectivo también ha mantenido litigios por recursos de distintas compañías que han replicado por sanciones interpuestas debido a haber llevado a cabo prácticas comerciales desleales o clausulas abusivas en los contratos. Así, aerolíneas de bajo coste como Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea las cuales recurrieron ante la Audiencia Nacional las multas que el ministerio de Consumo les puso en noviembre de 2024, por haber efectuado acciones que afectaba a los usuarios como cobrar por el equipaje de mano o asignar asientos contiguos a cambio de un suplemento.
Entre estas sanciones algunas de ellas pasan por una situación en la que se encuentran, temporalmente, suspendidas debido a las medidas cautelares mientras se resuelven los recursos. Cinco expedientes a los que se ha sumado un sexto contra otra aerolínea de bajo coste. Casi en su totalidad, las resoluciones del Ministerio han sufrido recursos de alzada o contenciosos, pues 26 de las 30 sanciones que el departamento había impuesto al momento de resolver esta petición habían terminado en una instancia superior. Sin embargo, como suele decirse en el argot deportivo, el Ministerio se mantiene invicto y no sabe lo que es perder un pleito, ya que ninguna se ha resuelto de forma desfavorable. De hecho, En 17, la entidad ha obtenido un resultado favorable y diez siguen pendientes de veredicto.