La medida más ambiciosa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ante la proliferación de la oferta de pisos turísticos está dando sus frutos. Después de que la cartera dirigida por Pablo Bustinduy anunciase el pasado mes de mayo bloquear más de 65.000 “anuncios ilegales” de plataformas de reservas de alojamiento, este jueves Booking ha eliminado más de 4.000 de estas ofertas.
Tal y como ha anunciado este jueves el Ministerio, la compañía de gestión del alquiler turístico ha eliminado un total de 4.093 anuncios ilícitos de estas viviendas vacacionales, la mayoría de ellas ubicadas en Islas Canarias. En un comunicado, la cartera de Bustinduy ha celebrado que “ha dado un paso más en la lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos”.
En palabras del titular de Consumo, es un resultado “decisivo” que pone de relieve la acción para “poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos”. Esta realidad se comprende como “una de las causas que hay tras las dificultades en el acceso a la vivienda” en España, y la cual se da en distintas comunidades autónomas, pero especialmente en Canarias, donde la afluencia turística es mayor, más aún en estas fechas de verano.
Además de en Canarias, Consumo ha precisado que la plataforma de Booking también ha eliminado “anuncios ilegales” de pisos turísticos en “Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla – La Mancha”.
En su comunicado, el Ministerio ha querido “poner en valor” la colaboración de la compañía tras el requerimiento estatal para eliminar el rastro de estas ofertas online y para que las mismas se ajusten a los márgenes legales.
Más de 65.000 “anuncios ilegales” de Airbnb
El pasado mes de mayo, el Ministerio de Bustinduy requirió a otra de las grandes plataformas que operan con anuncios de pisos turísticos como es Airbnb a eliminar hasta 65.935 ofertas “ilícitas” de su plataforma debido a que vulneran la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos y que dañan, en consecuencia, el tejido habitacional y económico de las ciudades.
Airbnb trató de sortear la medida estatal recurriendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pero, finalmente, el fallo jurídico dio lo rechazó y dio el aval a Consumo, por lo que la plataforma instó a la retirada de 5.800 anuncios ilegales de pisos turísticos “de manera inmediata”. Estas páginas afectaban a pisos de Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, las Islas Baleares y el País Vasco. "Tras este segundo auto, todos esos anuncios deben ser retirados, tal y como requirió la Dirección General de Consumo".
Entonces, Consumo reiteró que las empresas “deben cumplir con la legislación vigente y eso es especialmente importante en materia de vivienda, donde hay un puñado de fondos de inversión y de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias”, trasladó el titular, quien tildó el fallo del TSJM de “buena noticia”.
Con este telón de fondo, y la reciente retirada de más anuncios ilícitos por parte de Booking, desde el Ministerio han reiterado que estas compañías estarían cometiendo una de las tres siguientes posibles infracciones:
- “Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro”, un requisito que es “obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad” analizada.
- Incorporan “números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades”, lo que conlleva una práctica que “puede inducir a error o engaño a las personas consumidoras”.
- “No indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no indican si son profesionales o particulares”, una cuestión primordial para aclarar si la persona que contrata el servicio de alojamiento está “protegida o no como consumidor”.