El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 continúa avanzando en el señalamiento y sanción del cártel de inmobiliarias que sistemáticamente incurren en prácticas abusivas e imponen a los inquilinos con el cobro de servicios y tasas de forma fraudulenta y aprovechando su indefensión. Hace casi tres meses, la señalada fue Alquiler Seguro y, este martes, la cartera liderada por Pablo Bustinduy ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a una nueva inmobiliaria de implantación nacional, de la que no ha transcendido el nombre.
Las causas señaladas son, palabra por palabra, las mismas: “Se ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados”. Este es el segundo expediente abierto por la Dirección General de Consumo en pocos meses y se enmarca en una investigación iniciada el pasado mes de octubre y que no parece que vaya a detenerse en dos empresas.
Como sucediera en la anterior ocasión, la investigación se abrió en su momento gracias a las denuncias de Sindicato de Inquilinas y de asociaciones de consumidores como FACUA. Además, desde Consumo destacan que “sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer estas u otras prácticas” y, a su vez, podrían imponerse multas hasta millonarias por estas infracciones.
Las prácticas abusivas señaladas en esta ocasión no son nuevas para el junto de alquilados españoles y van desde el cobro de “una comisión por la gestión del arrendamiento”, comúnmente conocida como gastos de inmobiliaria, hasta el cobro de los gastos de formalización de contrato, ambas figuras ilegales en todo el territorio desde la aprobación de la ley de Vivienda. Además, también destaca la imposición de “la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino”.
El mejor mecanismos para evitar que las inmobiliarias sigan campando a sus anchas es la imposición de verdaderas sanciones que supongan un perjuicio mayor al beneficios que obtienen a través de estas prácticas. Por el momento, el departamento de Bustinduy recuerda que, con base en la Ley de Defensa de los Consumidores, las multas pueden ir desde los 100.000 euros (pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido), si son consideradas graves; y hasta el millón de euros (pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido), si se consideran muy graves.
Las CCAA se lavan las manos
Los dos procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos contra Aribnb, por 65.000 “anuncios ilegales” y “publicidad ilícita”, y contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas (CCAA) tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca”, lo que supondría una práctica engañosa.
Desde FACUA lamentan que los gobiernos y autoridades de las CCAA, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular (PP), no sigan este mismo camino. “Esperamos que sigan el ejemplo porque no contestan a nuestras denuncias ni trascienden multas”, lamenta Rubén Sánchez, dirigente de la organización de consumidores, a ElPlural.com. Esto es clave, añade, porque “la inmensa mayoría de inmobiliarias actúan en una sola comunidad” y, en consecuencia, “solo pueden multarlas las autoridades de dichos territorios”.
Pese a la pasividad de la mayoría de autonomías, desde Consumo aseguran en que no cejarán en su empeño de garantizar que la vivienda sea “un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley”. “Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio de cara a proteger los derechos de las consumidoras”, zanjan desde el ramo de Bustinduy.