Parece que fue hace mucho cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, intercambiaban besos y abrazos tras fructuosas negociaciones, que culminaban con acuerdos tripartidos, sumando a CCOO y UGT, y un intercambio de piropos. Tan solo han pasado cuatro años, pero las cosas han cambiado mucho. El líder de la patronal acusa ahora a la ministra de utilizar “ordenanzas como en la época de Franco” y de consolidar el “monólogo social”. Y la política responde con acusaciones de “machismo rampante”.
Lejos quedan aquellos tiempos de paz social, marcados por la crisis desatada con la pandemia de la Covid-19 y con una composición parlamentaria más favorable para el Gobierno de coalición. Ambos llegaron a pactar, a comienzos de 2020, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros. Posteriormente, se pusieron de acuerdo hasta en dos ocasiones para prorrogar los ERTE, mecanismos para evitar despidos y cierres empresariales. Es más, llegaron a estar de acuerdo en pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, que incluía medidas tanto para trabajadores como para empresas.
Salvo alguna discrepancia puntual, como ocurrió con el reglamento de igualdad salarial para hombres y mujeres, aun pactarían entre 2020 y 2021 la regulación del teletrabajo, dos prórrogas más para los ERTE, la ley Rider. Aunque la siguiente subida del SMI (965 euros) no fue del agrado de la patronal, todavía quedaba otra prórroga de ERTE y el acuerdo para la que sería la norma laboral más importante de la legislatura: la primera reforma laboral expansiva para los trabajadores, huyendo de los recortes de derechos impuestos por las anteriores.
Sin embargo, estos acuerdos generaron críticas internas en la CEOE, que en 2022 celebraba elecciones, a las que Garamendi quería presentarse y posteriormente ganarlas. El 23 de diciembre de 2021 se pactó la reforma laboral y la tónica cambió. El líder patronal se posicionó contra las dos siguientes subidas del SMI, a 1.000 y 1.080 euros, y, más allá de acordar la reforma de la ley de riesgos laborales, con la que ahora no está de acuerdo la organización empresarial, Garamendi dijo no al Estatuto del Becario, otra subida del SMI (1.134 euros) y la reforma del subsidio de paro.
El último 'sí' se produjo a finales de 2024 en el pacto por la igualdad LGTBI a las empresas, pero los representantes ni siquiera acudieron al acto de firma y quitaron importancia a lo alcanzado, al ser un reglamento menor. De aquel momento han transcurrido casi dos años y, por el camino, han fracasado las negociaciones para la reducción de jornada, la última subida del SMI (1.184 euros) y la ampliación del permiso por fallecimiento. Además, los intercambios de acusaciones no parecen dar a entender que la situación cambiará.
Enfrentamiento constante
El último de los choques ha llegado a raíz del anteproyecto para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, después del acuerdo entre sindicatos y Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Garamendi ha asegurado que no se ha debatido en el diálogo social. "Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco", ha espetado.
"La vicepresidenta últimamente presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social, por tanto, no sé qué va a presentar”, ha añadido, asegurando que ya están “acostumbrados”. Del otro lado de la verja, el último dardo lanzado por Díaz fue referido al salario de 400.000 euros del que disfruta Garamendi, a quine exigió “prudencia y responsabilidad” a la hora de valorar las subidas salariales.
“No todo el mundo puede ser ganar 25 SMI al mes como gana Garamendi”, le respondió, aprovechando unas declaraciones del líder del la CEOE contra la reducción de jornada y con el habitual argumento de que los trabajadores no tienen “actitud”. “Nosotros no defendemos la cultura del sufrimiento, sino la del reparto del tiempo. Que lo vayan asumiendo”, trasladó Díaz.
Ambos se acusan de electoralismo y de perseguir intereses políticos personales. Y, mientras tanto, la relación sigue deteriorándose hasta unos puntos que nadie podría haber imaginado hace años. El Gobierno está más debilitado que nunca en el Parlamento, donde la derecha puede llegar a reunir mayorías si es para defender los intereses de la patronal, y Garamendi quiere mantener su férreo dominio de la CEOE, que llegó a peligrar cuando, a juicio de sus compañeros, estrechó demasiado la mano de sindicatos y ministros de izquierdas.
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