En los últimos días se ha intentando generar una polémica en un asunto que no obedece nada más que a un cambio lógico en la estructura ministerial para el traspaso de las clases pasivas a la Seguridad Social, donde se gestionan el resto de pensiones en nuestro país.

Pero conviene explicar la situación, para el conocimiento de los interesados y de la opinión pública. El régimen de clases pasivas es el régimen común que se aplica a los funcionarios civiles del Estado, los incluidos en las Fuerzas Armadas y en la Administración de Justicia, etc. En la actualidad, ya no se incluyen nuevas altas a este régimen desde 2011, ya que todas se realizan a través de la Seguridad Social.

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero por el que se establece la estructura orgánica de los ministerios y publicado en el BOE el pasado día 13 de enero, establecía entre otras cuestiones que “corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas”.

El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó en su comparecencia en la Comisión del Congreso estas circunstancias, para conocimiento de los diferentes grupos parlamentarios y de la ciudadanía en general, sin que existieran reproches destacables o posicionamientos en contra.

El pasado martes día 21 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde al RDL 15/2020,  que incluía entre otros aspectos varias disposiciones para completar el traspaso de las clases pasivas desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, completando la estructura y funciones  del ministerio aprobada en el mes de enero y que hasta el momento no se había podido sustanciar.

Por lo tanto, lo contemplando en dichas disposiciones simplemente hacían efectivo lo establecido, pero lo más importante no implica cambios para los 637.000 beneficiarios de prestaciones de clases pasivas, ya que simplemente hay un traslado en la gestión, sin ninguna pérdida de derechos para la ciudadanía interesada.

Es decir, el cambio no supone una merma de derechos para sus beneficiarios, el que ya esté jubilado seguirá recibiendo su prestación igual que hasta ahora, la misma cantidad y condiciones. El funcionario de clases pasivas en activo seguirá cobrando y cotizando lo mismo que hasta ahora, pero conviene reseñar que tampoco hay ninguna modificación en la normativa referida a las condiciones de la futura jubilación.

El traspaso en la gestión de clases pasivas supone que por primera vez todas las pensiones públicas estarán integradas bajo el mismo Ministerio, en este caso el de Inclusión, lo que facilitará la gestión y mejora la eficiencia, cuestión que ha sido la piedra angular de la decisión.

Conviene destacar además que este traspaso no tiene efectos económicos sobre la Seguridad Social, ya que los fondos para abonar las prestaciones correspondientes de clases pasivas proceden de los Presupuestos Generales del Estado, exactamente igual que hasta ahora.

Es preocupante que algunas voces utilicen este traspaso en la gestión para sembrar dudas sobre el sistema de clases pasivas y sobre el sistema público de pensiones en general. Nuestra apuesta sigue siendo en nuestro país por un sistema de pensiones desde lo público.

Por finalizar también es necesario un gran acuerdo, dentro del marco del Pacto de Toledo, para blindar el futuro del sistema público de pensiones en nuestro país, donde deberían de estar todas las fuerzas políticas que defienden este sistema.

José Luis Aceves Galindo es diputado del PSOE en el Congreso por Segovia.