La Comisión Europea ha dado el paso y ha presentado este miércoles su propuesta de revisión de las reglas fiscales. En ella se refleja una senda de gastos concreta y sujeta a la deuda de cada país, aunque contemplado un ajuste anual mínimo del déficit del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) para los años en los que se prevé que el desequilibrio negativo de las administraciones públicas supere el valor de referencia del 3%. Este parámetro, a petición de potencias como Alemania, se ha introducido finalmente con una aplicación común para el conjunto de los Veintisiete.

El anuncio, que se esperaba con ansia, ha sido bien recibido por el Gobierno de España. “Es una buena noticia que la Comisión Europea haya puesto sobre la mesa una propuesta que nos permita trabajar sobre una base concreta, como ha pedido España desde hace un año, que nos permita actualizar las reglas y adaptarlas al nuevo marco económico”, han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que han hecho hincapié en el cumplimiento progresivo de hitos y en los “pasos en la buena dirección”.

Ahora, les toca a los Gobiernos de cada Estado miembro presentar sus propios planes de ajuste fiscal con una perspectiva a medio plazo y basado en una reducción de la senda de gasto "plausible", que permita mantener la deuda en niveles "prudentes" a lo largo de un periodo de cuatro años. Este periodo podrá ampliarse hasta un máximo de siete años, eso sí, siempre que se apoye en reformas e inversiones específicas. También se contempla una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios (guerras, pandemias, etc.).

Simultáneamente, la Comisión proporcionará trayectorias técnicas que muestren qué ajuste fiscal es necesario para garantizar que se cumplen los criterios de los valores de referencia del 3% y el 60%, pero serán los Veintisiete quienes deberán respaldar los planes estructurales presentados por cada país, así como de los compromisos de reforma e inversión en que se basa la prórroga. Eso sí, el incumplimiento de los compromisos de reforma e inversión que justifiquen una prórroga del período de ajuste presupuestario podría dar lugar a la reducción de este período.

La propuesta, como celebran desde la cartera dirigida por Nadia Calviño, recoge el cambio de paradigma que planteaban España y Holanda en abril del año pasado, basada en la importancia de tener un enfoque diferenciado por países, adaptado a los retos futuros e inspirado en el modelo de gobernanza de los Planes de Recuperación, con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal de forma favorable al crecimiento mediante compromisos e incentivos para inversiones y reformas.

No obstante, aunque la propuesta dota a los miembros un mayor control sobre el diseño de sus planes a medio plazo, también se contempla un régimen de aplicación más estricto para garantizar que cumplen los compromisos que asumen en sus planes a medio plazo, como solicitaban los países frugales. Esto, en el caso de los Estados miembro que afrontan importantes retos en materia de deuda pública, producirá que las desviaciones de la senda de ajuste fiscal acordada conduzcan por defecto a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

En otro orden de cosas, el paquete presentado por Bruselas avanza también una propuesta para cumplir con el mandato del ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE) de buscar salvaguardas que aseguren una reducción de deuda suficiente y eviten posponer los ajustes. “Vamos a poner el máximo esfuerzo en crear consensos e impulsar el proceso legislativo durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año con vistas a lograr un acuerdo, sobre la base de los compromisos adquiridos en el ECOFIN de marzo”, destacan desde el Gobierno, poniendo el foco en el refuerzo de la sostenibilidad fiscal “con una reducción gradual de la deuda compatible con el crecimiento y la creación de empleo”.