La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para identificar los obstáculos regulatorios que dificultan la construcción y rehabilitación de viviendas en la Unión Europea. La iniciativa forma parte de la estrategia comunitaria para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda y servirá de base para elaborar un paquete legislativo de simplificación previsto para 2027 dentro del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible.
El objetivo de Bruselas es conocer de primera mano qué aspectos de la legislación comunitaria generan mayores dificultades a la hora de desarrollar proyectos residenciales, así como determinar si los problemas responden al propio marco normativo europeo o a la forma en que las normas han sido transpuestas y aplicadas por los distintos Estados miembros.
La consulta está dirigida a un amplio abanico de actores implicados en el sector. Podrán participar administraciones nacionales, regionales y locales, empresas de la construcción y la promoción inmobiliaria, entidades del ámbito financiero, organizaciones vinculadas a la vivienda y representantes de la sociedad civil. Todos ellos tendrán de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para trasladar sus propuestas y observaciones a la Comisión Europea.
Además de identificar las disposiciones que consideran más problemáticas, Bruselas solicita a los participantes que planteen medidas concretas para simplificar los procedimientos administrativos y aporten ejemplos de buenas prácticas que puedan aplicarse de forma generalizada en el conjunto de la Unión Europea.
La Comisión justifica esta iniciativa por el deterioro del acceso a la vivienda que afecta a numerosos países europeos. A su juicio, la coexistencia de diferentes normas y procedimientos administrativos incrementa la complejidad regulatoria, alarga los plazos de ejecución de las promociones inmobiliarias y eleva los costes de construcción y rehabilitación, factores que terminan repercutiendo en el precio final de las viviendas y limitando la oferta disponible.
Con este proceso de consulta, el Ejecutivo comunitario pretende detectar aquellas obligaciones que puedan simplificarse sin comprometer los objetivos de la normativa europea. La futura propuesta legislativa buscará agilizar los proyectos mediante una reducción de los trámites administrativos, aunque manteniendo las garantías ambientales y sociales actualmente vigentes.
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha defendido que el sector necesita un marco regulatorio más sencillo para acelerar tanto la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación del parque inmobiliario existente. En este sentido, ha asegurado que la intención de la Comisión es eliminar retrasos y costes innecesarios sin rebajar los niveles de protección exigidos por la legislación comunitaria.
La iniciativa se integra en la estrategia más amplia de simplificación administrativa impulsada por la Comisión Europea durante el actual mandato. Bruselas recuerda que ya ha presentado más de una docena de paquetes destinados a reducir cargas burocráticas y estima que el conjunto de estas medidas permitirá ahorrar alrededor de 18.000 millones de euros anuales en costes administrativos para ciudadanos y empresas.
Como complemento a la consulta pública, la Comisión organizará en los próximos meses reuniones técnicas y talleres de trabajo con los Estados miembros y las autoridades locales a través de la recientemente creada Alianza Europea para la Vivienda. Este foro de cooperación servirá para recopilar experiencias, compartir soluciones y preparar las futuras reformas destinadas a facilitar el desarrollo de vivienda asequible en toda la Unión Europea.
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