El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al ex comisario José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y CaixaBank, dentro del denominado proyecto Wine, ha decidido este lunes excluir del procedimiento judicial a ambas entidades y a la Administración del Estado. Esta decisión llega tras la renuncia de las acusaciones particulares y la Fiscalía a seguir adelante con las acciones contra las responsables civiles subsidiarias en este momento.
La presidenta de la Sección Cuarta, Teresa Palacios, ha explicado que, dada esta renuncia de los presuntos perjudicados de esta pieza 21 del 'caso Tándem', las personas jurídicas consideradas responsables civiles subsidiarias y sus letrados, podían abandonar la sala. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para Villarejo por esos trabajos realizados para Repsol y CaixaBank en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
Por su parte, la representación legal del empresario Luis del Rivero ha defendido que tanto el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, declaren en el plenario como testigos, dado que ambos prestaron declaración como investigados en instrucción y dado que ambos ordenaron hacer averiguaciones sobre las estrategias de la constructora a sus responsables de Seguridad.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona; 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, y 21 años para el ex responsable de Seguridad de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño.
La Fiscalía señalaba que tanto Repsol y CaixaBank como la Administración del Estado debían ser condenados como responsables civiles subsidiarios. Si bien ahora se ha retractado y ha modificado el escrito con el fin de eliminar esta petición. A los acusados se les atribuyen delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos, difusión de información a terceros y falsedad en documento mercantil.
El origen del 'proyecto Wine'
Según la Fiscalía, en agosto de 2011, Sacyr Vallehermoso, presidida entonces por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo para sindicar su voto en Repsol, lo que les permitía controlar casi un tercio del accionariado. En respuesta, Repsol habría adoptado medidas, entre ellas, la contratación de Villarejo a través de su dirección de Seguridad Corporativa, encabezada por Rafael Girona y Rafael Araujo.
Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía explica que "los más altos directivos de Repsol tomaron diversas medidas". Una de ellas fue encargar a su dirección de Seguridad Corporativa, liderada por los acusados Rafael Araujo y Rafael Girona, la obtención de información sobre dicho pacto.
Anticorrupción indica que estos, "para cumplir con el mandato de sus superiores", contactaron en octubre de 2011 con Villarejo "a sabiendas de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición". Así, le encargaron una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero, incluyendo aquella relacionada con sus actuaciones relativas al pacto que, como presidente de Sacyr Vallehermoso, había alcanzado con el Grupo PEMEX para tomar de facto el control de Repsol.
Apunta que esa primera investigación se fue ampliando hasta desarrollarse a mediados del año 2012, un encargo que se sumó a la entidad CaixaBank, como accionista de referencia de Repsol, haciéndolo a través del encausado Miguel Ángel Fernández Rancaño en su condición de director de Seguridad. Ese encargo se materializó en lo que Villarejo denominó 'proyecto Wine' y se orientó "a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT". En ese marco se sitúa la participación de Rafael Redondo, abogado y asesor jurídico de la empresa.