El Gobierno ha fijado en 318,12 millones de euros el importe que el Estado debe pagar por el rescate de la autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda a la sociedad que construyó y explotaba la vía y a sus acreedores, según ha informado el Ministerio de Transportes. En concreto, la AP-36 fue adjudicada a un consorcio integrado por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank en 2004 y quebró en 2014, con una deuda de 527 millones de euros.
Esta es la cantidad que indica la fórmula que el Ejecutivo diseñó para calcular la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Es decir, el importe que, por contrato, debe abonar por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista y no dio tiempo a amortizar antes de la quiebra y el rescate del Estado.
La AP-36 es la segunda de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis económica y que actualmente son gestionadas por la sociedad estatal Seitsa, dependiente del Ministerio de Transportes. Sin embargo, es la primera vez que admite el pago por una de ellas ya que en el caso de la primera quebrada, la M-12 Eje Aeropuerto, el Gobierno no abonó ninguna cantidad.
En el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda, la fórmula determina una RPA de 319,90 millones, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones a las expropiaciones.
Del total, el Ejecutivo descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizará en la autopista para mejorar su conservación y otros 2,20 millones por la "minoración" de las indemnizaciones pagadas a los expropiados. Además, retiene 1,77 millones más para hacer frente a pagos pendientes de este tipo.
