Póngase en situación: tiene treinta años, un sueldo decente y la esperanza de formar su hogar. Pero en lugar de llaves, recibe cifras. Una hipoteca inalcanzable. Un alquiler que se lleva la mitad del sueldo. Y mientras tanto, los telediarios celebran que la compraventa de viviendas se dispara. Mayo de 2025 marcó un récord que no se veía desde antes del crack de 2008. Pero lejos de ser motivo de celebración, estos datos confirman una evidencia incómoda: la vivienda se aleja cada vez más de quienes la necesitan.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo se cerraron 61.054 operaciones de compraventa, un 39,7 % más que en el mismo mes de 2024. Es la cifra más alta para un mes de mayo desde 2007. No es un hecho aislado: el mercado acumula once meses consecutivos de crecimiento, impulsado tanto por las viviendas nuevas, que suben un 42,1 %, como por las de segunda mano, que crecen un 39 %. Pero el aumento de las transacciones no significa que más personas puedan acceder a una vivienda. Al contrario: los datos se disparan mientras el acceso se estrecha.
El 93,6 % de las viviendas vendidas en mayo eran de régimen libre, y solo un 6,4 % fueron viviendas protegidas. Es decir, el parque público o asequible apenas logra colarse entre las cifras de compraventa. Mientras tanto, el precio medio del metro cuadrado no deja de crecer: Fotocasa cifra la subida interanual en un 14,8 %, el mayor incremento registrado en un solo mes. Comprar una vivienda hoy cuesta, de media, unos 27.000 euros más que hace un año. Para una persona joven sin ahorros, la barrera de entrada es cada vez más alta.
Y sin embargo, la demanda no deja de aumentar. En regiones como Castilla-La Mancha (+69,4 %), Galicia (+65,4 %) o Murcia (+57,2 %) las compraventas han vivido un auténtico boom. En las grandes ciudades, el fenómeno sigue presionado por la turistificación, la inversión extranjera y los fondos de inversión. Y el resultado es el mismo en todas partes: el precio sube más rápido que los sueldos, y la oferta pública sigue siendo insignificante.
La vivienda como campo de batalla
Todo esto ocurre mientras en la calle crece la indignación. El pasado abril, más de 40 ciudades españolas vivieron movilizaciones masivas bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”. Entre las reivindicaciones: alquileres indefinidos, freno a los desahucios, regulación efectiva del mercado y recuperación de vivienda vacía. En Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, miles de manifestantes dejaron claro que el problema no es la falta de casas, sino su inaccesibilidad. Lo que denuncian es un modelo que prioriza el beneficio de unos pocos frente al derecho de todos.
El desequilibrio se refleja con crudeza en los datos de emancipación: la edad media para salir del hogar familiar supera ya los 30 años, y casi el 35 % de los menores de 30 años gana menos de 1.000 euros al mes, lo que impide incluso plantearse una hipoteca. Según un informe reciente, un joven necesita ahorrar cerca de 44.000 euros solo para cubrir la entrada de un piso medio. Mientras tanto, los alquileres no dan tregua: más del 40 % de los inquilinos dedica la mitad de sus ingresos a pagar su vivienda.
Las soluciones llegan, pero a cuentagotas. Algunas ciudades tratan de remendar el roto con parches locales, como Albacete, que compra pisos para destinarlos al alquiler social. En Córdoba, el tiempo se detuvo para más de 7.000 familias en lista de espera para acceder a una vivienda protegida. En Madrid, ni siquiera una carta oficial del Gobierno central logró que la Comunidad reaccionara ante la urgencia de una madre víctima de violencia machista sin techo. Cada caso individual evidencia un sistema que no responde.
Cataluña, una de las pocas que ha legislado con firmeza, obliga a reservar un 30 % de la nueva construcción a vivienda protegida. Promotoras como I-Now lo asumen, pero avisan: “Sin respaldo público real, esto no se sostiene”. En Barcelona y su entorno metropolitano, hay 6.000 VPO en desarrollo. En Sevilla, otras 1.000 están previstas en el terreno del antiguo cuartel. Pero el mensaje es claro: no basta con buenas intenciones sueltas, hace falta una política estatal que articule una respuesta a la altura del problema.
El problema no es nuevo, pero se agrava a ojos vista. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, pretendía ser un punto de inflexión. Pero dos años después, su aplicación sigue siendo parcial. La regulación de precios en zonas tensionadas choca con la falta de voluntad política en varias comunidades. Los incentivos para movilizar vivienda vacía no despegan. Y los contratos de alquiler siguen siendo frágiles.
En otras palabras, la vivienda ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio. Las cifras récord de mayo no muestran una recuperación, sino una polarización: los que compran no lo hacen porque los precios bajen, sino porque pueden permitírselo. El resto, la mayoría, observa desde fuera. Entre políticas inconexas, falta de parque público y un mercado desbocado, España profundiza su brecha habitacional sin frenos ni respuestas estructurales.