El exasesor de Toni Cantó y tuitero de cabecera de la extrema derecha, Alvise Pérez, publicaba este martes un tuit en el que cuestionaba la independencia de criterio de Juan Luis Steegmann, diputado médico de Vox, sobre las vacunas. En su comentario, Alvise señalaba que, solo en 2020, el parlamentario del partido ultra había cobrado “por sociedades suyas o vinculadas a usted mismo 858.000€ de J&J y 222.000€ de Pfizer”.

Steegmann venía siendo objeto de críticas por su apoyo a las vacunas. Lo que puede parecer más sorprendente es que uno de estos señalamientos llegue, precisamente, por parte del famoso tuitero.

 

Alvise atizaba también al doctor Steegman a través de su cuenta de Telegram, donde escribía:“El diputado de VOX, Juan Luis Steegman, cobró sumas millonarias de las farmacéuticas que ahora defiende con la aplicación masiva de vacunas en fase III experimental”.

Apenas media hora fue el tiempo que Vox tardó en responder al que fuera asesor de Cantó. El grupo liderado por Santiago Abascal contestó a las acusaciones vertidas sin mencionar a Alvise y señalando que habían sido varios los medios digitales que se habían hecho eco de ellas.

“El Dr. Steegmann forma parte de distintas instituciones dedicadas a la investigación científica contra la leucemia, alguna de las cuales incluso preside, dado su reconocido prestigio como investigador”, deslizaba en su perfil.

A renglón seguido, la formación ultra respaldaba que estas instituciones “como tantos centros de investigación, reciben rutinariamente financiación de laboratorios farmacéuticos para la realización de ensayos clínicos para el desarrollo de medicamentos”.

Asimismo, Vox defiende que su diputado no ha recibido retribución alguna -a pesar de contar con la aprobación del Congreso para ello- por actividades distintas a las propias de su responsabilidad parlamentaria” y desmiente que este haya mantenido reuniones con ningún representante de la industria farmacéutica.

La formación de extrema derecha y, en concreto Steegmann, se opusieron a la vacunación en menores de 12 años hasta que la Agencia Europa del Medicamento (EMA) diera el visto bueno y mantuvieron que las vacunas deben ser voluntarias y, en ningún caso, impuestas por parte de las autoridades.