De “interferencia en el ejercicio de las competencias del Gobierno de Castilla y León” y “electoralismo barato” califica Vox, en concreto, el consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, el requerimiento de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, para que la Junta ejecute los acuerdos que garantizan la continuidad del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA).

Veganzones, a quien, en este año de gobierno en Castilla y León, le han dimitido en cascada innumerables altos cargos y funcionarios de su Consejería, augura que “el Gobierno volverá a archivar por segunda vez sus amenazas judiciales”, y afirma que desde su departamento no se pone en duda la continuidad del servicio, pero “sin subvencionar chiringuitos sindicales”, de modo que está buscando otra solución, que pasa por recortar la financiación a la mitad.

El consejero de Empleo, conocido como el azote de los “socialcomunistas”, que cita en cada una de sus intervenciones en los plenos de las Cortes, considera que Yolanda Díaz no es ejemplo de “respeto del diálogo social”.

En su opinión, el ejemplo es la Junta de Castilla y León que dirigen ahora PP y Vox, el primer gobierno en la historia de la Comunidad que ha conseguido sumar la irritación de empresarios y sindicatos, y a miles de personas protestando en las calles de las nueve provincias.

‘Invadir’ el Tribunal Constitucional

Veganzones termina invitando a Yolanda Díaz a “venir a Castilla y León para aprender a gestionar el empleo y no a castigar a una región leal con España que trabaja y progresa”.

Por si ello fuera poco, advierte a la vicepresidenta de que “no admite lecciones de democracia de quienes vulneran la división de poderes del Estado, cierran inconstitucionalmente el Congreso, legislan a golpe de Real Decreto Ley, invaden el Tribunal Constitucional y no respetan la independencia del Poder Judicial”.

Una ‘acción antidemocrática’ permitida por el PP

Los sindicatos, en un comunicado conjunto, consideran que la Junta de Castilla y León “está incurriendo en una acción antidemocrática auspiciada por el partido de la extrema derecha en el Gobierno Autonómico, desde una ideología contraria a los sindicatos y la patronal más representativos y, en definitiva, contra las libertades y los derechos constitucionales, con la permisividad que les presta el PP en la Comunidad”.

Mientras esto ocurre, señalan UGT y CCOO, la prestación de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje a empresas y trabajadores que lleva a cabo el SERLA, acumula 72 días sin dotación presupuestaria.

“Los agentes sociales esperamos”, señalan, “que el presidente de la Comunidad recobre la sensatez, actúe dentro de la legalidad y, en consecuencia, dé la espalda definitivamente a la ultraderecha y gobierne en minoría”.

Según las organizaciones sindicales, “es imprescindible recuperar el Diálogo Social Tripartito y los pactos políticos de Comunidad, que doten de la estabilidad política y social necesaria a Castilla y León, al contrario de lo que está sucediendo en los últimos doce meses“.

En este sentido, ambos sindicatos van a solicitar a Mañueco una reunión inmediata del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, para “tomar las decisiones oportunas de cara a resolver esta gravísima situación y cumplir los acuerdos vigentes en torno al servicio de relaciones laborales de Castilla y León”.

Mañueco ‘hunde la Comunidad’

Por su parte, el líder socialista, Luis Tudanca, respaldó el requerimiento judicial interpuesto por el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León para la reposición del SERLA.

Frente a un Gobierno Autonómico, dijo, “que está hundiendo la Comunidad con sus malas políticas y está atacando pilares básicos de nuestro desarrollo en derechos y libertades, el Dialogo Social, y el SERLA, tenemos un Gobierno de España que va a defender nuestros derechos”.

Así, resaltó que, al igual que hizo frente al protocolo antiaborto, el Gobierno de Sánchez “va a defender a los trabajadores y trabajadoras frente al Gobierno de Mañueco”.

S.O.S. de los agentes sociales

El pasado mes de febrero, CCOO, UGT y la CEOE de Castilla y León se reunieron en la Delegación del Gobierno con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para solicitar la intervención del Gobierno de España tras el anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de su intención de eliminar el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

Semanas más tarde de esa petición de los agentes sociales, este lunes, la ministra Yolanda Díaz, en nombre del Gobierno de España, ha remitido al Gobierno de Castilla y León un requerimiento previo a la vía judicial en el que advierte de que, si la Junta no cumple con la legalidad vigente en esta materia, adoptará las acciones oportunas para que así sea.

En su momento, la ministra señaló la gravedad de la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León, “porque supone un duro golpe al diálogo social y pone en riesgo la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral estatal, con la consecuente vulneración de derechos laborales”.

Lucha sin cuartel

Cabe recordar que los agentes sociales y económicos llevan meses ejecutando acciones diversas (visitas a diversos organismos de la UE, así como a la OIT para solicitar las intervenciones oportunas de dichas instituciones, así como diferentes movilizaciones y actuaciones jurídicas) con el fin de evitarlo, por el “grave perjuicio que ocasionaría a los trabajadores y empresas de la comunidad”.

Hasta el momento, han sido numerosos los informes recabados y publicados, por el propio Consejo Económico y Social de CyL (CES) y por los agentes sindicales y empresariales, sobre los procesos resueltos por el SERLA en Castilla y León y el presupuesto necesario que han evitado que cientos de conflictos laborales llegasen a juicio.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha comunicado hoy a las organizaciones sindicales y a la patronal que han enviado un requerimiento a la Junta de Castilla y León "previo a la vía judicial por la falta de ejecución debida de la legislación laboral y de los acuerdos interprofesionales sobre sistemas autónomos de solución de conflictos en relación con la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León para que reponga inmediatamente dicho servicio".