El 10 de agosto de 2020, el Hospital Universitario La Paz adjudicaba a Sibucu 360 SL la compra de “mascarillas quirúrgicas con gomas de sujeción, un solo uso, polipropileno tres capas con bordes termosellados” por valor de 500.000 euros. Una adquisición en la que ahora pone el foco ElPlural.com y que se hizo mediante un contrato adjudicado por procedimiento sin publicidad.
Según ha desvelado el diario 'Público', Sibucu 360 SL no se dedicaba a la distribución de productos sanitarios, sino a la consultoría técnica e ingeniería. De hecho, está vinculada con la mercantil Moonoff SL, dedicada al sector de la iluminación, de la que Sibucu es la administradora única. Detrás de Moonoff, desde 2013, estuvo el empresario vinculado a la Xunta José Ramón García González, condenado por fraude y falsedad y pendiente de juicio por un delito contra la propiedad intelectual.
Una gestión controvertida
La de Sibucu 360 SL es la última adjudicación sobre la que surge controversia en el Hospital La Paz bajo la gestión como directo gerente de Rafael Pérez-Santamarina Feijóo.
Pérez-Santamarina es un viejo conocido dentro del Partido Popular. Médico personal de Mariano Rajoy y de su familia -según ‘Espía en el Congreso’-, el gerente fue elegido secretario general del ministerio de Sanidad cuando Ana Pastor encabezaba esta cartera. De esta forma, el doctor que comparte apellido y parentesco con el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abandonó su puesto como gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra para dar el salto a la política de la mano del expresidente del Gobierno al que atendía a título privado.
Adjudicaciones y prórrogas
Bajo el mandato de Pérez-Santamarina, la compañía en la que Tomás Díaz Ayuso trabaja como gerente de Desarrollo de Proyecto se hizo con un contrato en La Paz y tal y como desveló ElPlural.com,el hospital también gastó millones de euros en material médico sin un concurso público.
Adjudicaciones directas sin concurso público al Grupo Empresarial Electromédico (GEE), firma que lleva lustros monopolizando los servicios de electromedicina en la Comunidad de Madrid gracias a un complejo sistema de infinitas prórrogas sin concurso público que se aplicaban en los principales hospitales de la región.
ElPlural.com llegó a cifrar en más de 86 millones de euros opacos la cantidad que, gracias a encadenar numerosos contratos y prórrogas, el Grupo Empresarial Electrómedico habría recibido con gobiernos del PP.