Mientras el mes de abril llega a su término, y la sequía y las altas temperaturas tienen a la Comunidad Autónoma en riesgo medio de incendios desde hace semanas, sólo 18 de las 173 torres de vigilancia contra incendios forestales repartidas por el extensísimo territorio de Castilla y León han abierto sus puertas, mientras que más del 90% de los ‘escuchas’, considerados ‘los ojos del monte’, siguen en el paro, esperando que la Junta de Castilla y León les llame para incorporarse, o bien, realizando otras tareas que ocupan su tiempo fuera de la temporada.
Según la información recabada por ElPlural.com de fuentes del operativo, a punto de comenzar mayo, y sin que en el horizonte se prevean lluvias que mejoren la situación, aún no se ha producido el llamamiento a este crucial colectivo, que forman en total 380 vigilantes, de modo que una sola persona vigila el fuego en toda la provincia de Palencia, otra en Segovia, otra en Soria y otra en Valladolid.
Dos personas observan el humo en Ávila, otras dos en Burgos, tres en León y cuatro en Zamora, pero, además, en esas únicas 18 torres activas en toda Castilla y León, sólo hay un vigilante, que no hace turnos con ningún compañero, es decir, que cuando esa persona descansa, la torre está vacía.
Esta denuncia, en la que se incide desde diversas fuentes, ha sido respaldada en las últimas horas por la Asociación de Trabajadores del Operativo de Lucha contra Incendios forestales de Castilla y León, ATIFCYL, que reclama “la apertura urgente de todos los puestos de vigilancia”, que consideran “un eslabón del operativo” cuya ausencia “pone en riesgo la vida de otros muchos miembros del dispositivo”, así como la de “los ciudadanos, desprotegidos ante el fuego y la conservación de nuestro patrimonio natural”.
ATIFCYL recuerda que la labor de los vigilantes “es crucial en el trabajo contra incendios”, puesto que son quienes vigilan las masas forestales y detectan el humo con precisión, evitando con la información que proporcionan al centro de mando que un conato se convierta en un gran incendio forestal.
Una vez más, señalan, “nos encontramos con una cantidad de medios alarmantemente insuficiente”, de modo que no entienden “por qué la Junta de Castilla y León no hace nada, con una previsión de temperaturas de AEMET por encima de los 30 grados para esta última semana de abril”, y se preguntan si Medio Ambiente “necesita que se repita otra tragedia como la de la Sierra de la Culebra”.
Un acuerdo que no se cumple
En un informe de seguimiento del acuerdo para la mejora del operativo que se firmó con los representantes sindicales en septiembre de 2022, después del catastrófico verano pasado, firmado por la Dirección General de Medio Natural, al que ha tenido acceso elPlural.com, se reconoce que en aquel documento rubricado por el diálogo social, la Junta se comprometió a ampliar el número de meses de trabajo de este colectivo, de los tres o cuatro de la mayoría de torres, a seis meses en 2023, debiendo alcanzar los doce meses, es decir, todo el año, en 2025.
Las dudas sobre que todos aquellos compromisos vayan a cumplirse son cada vez mayores. Fuentes del operativo afirman que los llamamientos extraordinarios que se están haciendo este año a otros colectivos, como las autobombas, son, como su nombre indica, extraordinarios, es decir, “pan para hoy y hambre para mañana”, puesto que está por ver si esas modificaciones de las condiciones laborales se trasladan de manera oficial a la Relación de Puestos de Trabajo.
Quiñones se olvidó del colectivo
En su última comparecencia en las Cortes de Castilla y León, en el pleno de este mismo mes, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, se olvidó de los vigilantes de las torres en su repaso a la parte del operativo que se encuentra activa esta primavera extraordinariamente cálida y seca.
Quiñones, en respuesta a una interpelación del PSOE, afirmó que eran ya a esa fecha un total de 1.994 los profesionales disponibles en el operativo de incendios. Sin embargo, habló de autobombas, cuadrillas helitransportadas, de tierra, bulldozer, técnicos de guardia y agentes medioambientales y celadores, pero olvidó referirse a las torres de vigilancia, cuya inmensa mayoría siguen esperando que se les incorpore a sus puestos.
Los ‘escuchas’ llaman la atención sobre la afección a sus vidas de esta precariedad y falta de planificación, puesto que cuando se les llame para someterse a las pruebas médicas, firmar e incorporarse, tendrán que decidir si renunciar o no a sus trabajos actuales y buscar, además, en la zona de la torre que se les asigne, un lugar donde vivir, gestionando el alquiler de vivienda en tiempo récord, para evitar trasladarse cientos de kilómetros cada jornada del verano desde sus lugares de residencia habituales.
Riesgo medio de incendios
La Junta de Castilla y León ha ampliado ya en dos ocasiones en las últimas semanas la época de peligro medio de incendios forestales, que por el momento se extiende hasta el próximo día 27.
La propia Consejería de Medio Ambiente reconoce en el comunicado en el que daba a conocer esa decisión que la escasez de lluvias de las últimas semanas “está provocando una sequía importante y aunque entra un frente débil el fin de semana, la predicción de AEMET sobre los niveles de riesgo de incendio sigue siendo muy alto o extremo en amplias zonas de la Comunidad”.
De este modo, ha suspendido todas las autorizaciones y comunicaciones de quema de vegetación y restos vegetales, y afirma que ha previsto un “refuerzo del personal de guardia y de los medios desplegados en las comarcas de más riesgo”.
Estas “medidas urgentes” en materia de incendios forestales, consisten en la prohibición de encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, y la suspensión temporal, en tanto se mantenga el riesgo, de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda, y restos selvícolas.
Asimismo, no se puede encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello, ni utilizar maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, o la introducción y uso de material pirotécnico y el lanzamiento o abandono de objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.
Llama la atención que la propia Junta pida a la población “que extreme la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre”, pero no active a una parte del operativo que es precisamente la que vigila el humo.
