Muchos pequeños propietarios de apartamentos turísticos en Catalunya se sienten abandonados, pues tras años de invertir sus ahorros y gestionar con esfuerzo sus viviendas legales ahora temen perderlo todo por el “decreto Aragonès”, que establece la eliminación de los pisos turísticos de particulares. Mientras tanto, el expresidente Pere Aragonès se ha incorporado al negocio hotelero familiar, lo que lleva a estos propietarios a acusarlo de haber actuado en conflicto de intereses para favorecer a las grandes cadenas.
Tras conocerse que el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pasado a dirigir el negocio hotelero de su familia, la cadena Golden Hotels, los pequeños propietarios de pisos turísticos lo acusan de haber aprobado, cuando aún estaba en el cargo, un decreto que les perjudica y que, por el contrario, favorece a las grandes cadenas. Por ello, consideran que Aragonès pudo haber actuado en una situación de conflicto de intereses.
Los propietarios recuerdan que el decreto, no sometido al debate parlamentario ni al consenso político, y firmado por Aragonès en los últimos días de su etapa al frente de la Generalitat de Catalunya, establece la eliminación de los pisos turísticos legales de particulares. La desaparición de esta oferta de alojamiento, forzada por el denominado “decreto Aragonès”, una alternativa especialmente demandada y utilizada en Catalunya por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas turísticas que será cubierto por los grandes tenedores y cadenas hoteleras. Al desaparecer la competencia, los precios de los hoteles aumentarán y se fomentará la aparición de oferta ilegal de viviendas turísticas, como ya sucedió en Nueva York.
“El 'decreto Aragonès' expulsa a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras, convierte en papel mojado nuestras licencias y atenta de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal, referencia para muchas ciudades en el mundo”, denuncia el presidente de FEDERATUR, David Riba. “El segundo afectado son las familias que necesitan una oferta que les permita acceder a alojamientos turísticos con unas condiciones más acordes a sus necesidades y a un precio más adecuado para sus bolsillos”.
Frente a este panorama, la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR), de la que forman parte la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR), la Asociación Turística Apartamentos Costa Brava y Pirineo de Girona (ATA) y la Asociación de Apartamentos Turísticos Costa Daurada y Terres de l’Ebre (AAT), ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios para presentar un escrito en el Parlament. El objetivo es que se reabra el debate político, ya que consideran que el decreto se aprobó en una situación de posible conflicto de intereses familiares y personales, discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo.
Una normativa polémica y cuestionada
FEDERATUR recuerda que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se habían manifestado en contra de la legislación catalana, advirtiendo que existen alternativas menos gravosas, como incentivos fiscales o el fomento de la vivienda social, que podrían ser más eficaces para incrementar la oferta residencial que la supresión de las viviendas turísticas.
Los pequeños propietarios insisten en que el decreto ley catalán, ya denunciado ante las instituciones europeas, vulnera hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales, además de otras leyes europeas, y contraviene tanto la libertad de prestación de servicios como la libertad de empresa.
Otra de las advertencias del sector es que la actitud de Aragonès se está reproduciendo en la clase política, que actúa de forma consciente generando informaciones engañosas sobre los pisos turísticos legales y mintiendo a la ciudadanía al acusarlos de ser los responsables de la falta de vivienda. Según denuncian, esta estrategia serviría para encubrir la ausencia de políticas públicas reales que impulsen una mayor y mejor oferta de vivienda.
Las viviendas turísticas reguladas en Barcelona solo representan el 1% del parque inmobiliario total de la ciudad y nada garantiza que, si se eliminan las licencias, estas unidades pasen al mercado del alquiler de larga duración, ya que cada propietario, en base a su derecho de propiedad, decidirá el uso de su inmueble. Asimismo, los dueños advierten que su eliminación comportará la desaparición de un sector regulado y normalizado, dando un paso atrás que hará aflorar la oferta clandestina en la ciudad.