La crisis migratoria de Ceuta ha abierto un nuevo frente entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Apenas unas semanas después de lograr que los populares incorporasen la denominada “prioridad nacional” a los Presupuestos autonómicos, la formación de Santiago Abascal quiere trasladar ahora esa presión a la acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma.
El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha advertido de que su formación hará “todo lo posible para que no se acoja ni uno” y ha avanzado que reclamará pruebas para determinar la edad, expedientes individualizados y la impugnación de aquellos procedimientos que considere incorrectos. Además, ha lanzado una advertencia al PP: si el Consell no cumple los compromisos alcanzados con Vox, esa discrepancia tendrá consecuencias en las votaciones parlamentarias.
La amenaza tiene especial relevancia por la situación de Pérez Llorca. Vox ya no forma parte del Consell desde que abandonó los gobiernos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024, pero sus diputados continúan siendo fundamentales para completar la mayoría parlamentaria de los populares en Les Corts. Los Presupuestos de 2026 volvieron a demostrar el peso de la formación en las negociaciones con el Ejecutivo valenciano.
De abandonar el Consell a condicionar al PP
La inmigración fue precisamente el asunto que desencadenó aquella ruptura. En julio de 2024, Vox decidió abandonar los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular después de que los presidentes de esas comunidades aceptasen participar en el reparto de menores migrantes llegados a Canarias.
Dos años después, Vox ya no ocupa consellerias en la Comunitat Valenciana, pero conserva una posición parlamentaria que permite al PP alcanzar la mayoría absoluta cuando ambas formaciones votan juntas. Esa capacidad de presión volvió a hacerse patente durante la negociación de las cuentas autonómicas.
Uno de los elementos más visibles fue la incorporación de la denominada “prioridad nacional”, una reivindicación habitual de Vox. Los Presupuestos valencianos de 2026 incluyen este principio en determinadas políticas de vivienda, aunque su aplicación queda condicionada al cumplimiento de la legalidad y se vincula al “arraigo real, duradero y verificable” con el territorio.
Vox pretende ahora trasladar ese peso parlamentario a la respuesta del Consell ante los menores procedentes de Ceuta y presiona a Pérez Llorca para que adopte una posición contraria a su acogida.
La Generalitat tiene obligaciones legales
El margen de actuación de la Generalitat, sin embargo, está condicionado por la legislación estatal que regula la atención y redistribución de menores extranjeros no acompañados.
La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 estableció un mecanismo específico para responder a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Posteriormente, el Gobierno desarrolló mediante real decreto el procedimiento para trasladar menores desde territorios cuyos sistemas de protección se encuentren sobrecargados hacia otras comunidades autónomas.
El sistema no contempla un reparto colectivo sin más. La Delegación del Gobierno correspondiente debe resolver individualmente cada procedimiento de reubicación y traslado, mientras que la comunidad declarada en contingencia es responsable de organizar el desplazamiento. Las comunidades receptoras pasan después a ejercer las funciones de protección que les corresponden.
El Tribunal Constitucional también ha recordado que las competencias autonómicas de protección de menores son irrenunciables. En una sentencia de 2025, dictada a raíz del conflicto planteado en Canarias, rechazó que la saturación de los servicios autonómicos permitiera dejar sin atención a menores migrantes que se encontraban en situación de desamparo.
Esto no impide que una comunidad pueda formular alegaciones dentro de los procedimientos previstos o acudir a los tribunales frente a decisiones concretas. Sí limita, en cambio, la posibilidad de convertir una oposición política al reparto en una negativa general a atender a los menores cuya reubicación se acuerde conforme al procedimiento establecido.
Vox lleva la presión a Les Corts
El PP valenciano ha evitado hasta ahora asumir el mismo discurso que Vox. La diputada popular Laura Chulià aseguró esta semana que el Consell actuará de acuerdo con “la normativa vigente”, una formulación alejada del compromiso reclamado por Llanos de impedir cualquier acogida.
La discrepancia traslada nuevamente la relación entre PP y Vox al terreno parlamentario. La formación de Abascal ya ha conseguido que algunas de sus prioridades aparezcan en las cuentas autonómicas pese a encontrarse fuera del Gobierno y busca ahora utilizar ese mismo peso para condicionar una política que depende también de obligaciones establecidas por el Estado.
El episodio refleja el nuevo equilibrio surgido tras la salida de Vox del Consell. El partido dejó de asumir responsabilidades directas de gobierno, pero conserva la capacidad de negociar sus votos con un PP que necesita apoyos para sacar adelante parte de su agenda en Les Corts.
La llegada de menores procedentes de Ceuta coloca ahora esa relación ante una prueba especialmente delicada. Vox exige una negativa que el marco legal no permite plantear de manera general, mientras Pérez Llorca debe gestionar la presión de un socio parlamentario cuyos votos siguen resultando determinantes para la estabilidad de su mayoría.
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