Principio de acuerdo en el Congreso para la comisión de la DANA: Mazón, las víctimas y Sánchez, primeros citados

El Congreso encara por fin el desbloqueo de la comisión que investiga la gestión de la DANA gracias a un principio de acuerdo entre las formaciones de izquierdas, que han pactado incluir la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. El calendario acordado sitúa a las víctimas, el president valenciano Carlos Mazón y el propio Sánchez como los primeros citados.

Las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas entre PSOE, Sumar, Compromís y Podemos, que mantenían diferencias sobre la conveniencia de citar al jefe del Ejecutivo. La propuesta inicial de la comisión, aprobada en mayo, había quedado en punto muerto precisamente por la negativa del PSOE a incluir su comparecencia. Finalmente, con el consenso alcanzado, las fuerzas progresistas desbloquean los trabajos y garantizan la continuidad de una comisión clave para esclarecer la respuesta institucional a la catástrofe.

PSOE y Sumar presentarán el plan de trabajo antes del fin de semana

Fuentes parlamentarias confirman que el PSOE y Sumar ultiman los detalles de su plan de trabajo y de la lista definitiva de comparecientes, que se registrará antes de que acabe la semana. De este modo, la comisión —presidida por la diputada socialista valenciana Carmen Martínez— podrá reanudar sus sesiones en los próximos días.

La propuesta de Podemos y Compromís, que también será debatida, incluye cuatro fases de comparecencias y contempla desde testimonios de los afectados hasta la comparecencia final del presidente del Gobierno. En todos los casos, se priorizará escuchar en primer lugar a las asociaciones de víctimas de la DANA, cuya voz abrirá la investigación parlamentaria.

El PP se desmarca y excluye a la Generalitat

El Partido Popular había presentado su propio listado de comparecientes, en el que solicitaba la asistencia de ocho ministros y del presidente del Gobierno, pero dejaba fuera tanto al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como a cualquier responsable autonómico. Esta exclusión ha sido criticada por los grupos de la izquierda, que consideran esencial examinar la actuación de todas las administraciones implicadas, también la autonómica.

Pese a la falta de consenso con los populares, la mayoría progresista en la comisión garantiza que el programa definitivo siga la hoja de ruta acordada por los partidos de la investidura. El objetivo es que las comparecencias comiencen cuanto antes y que el trabajo parlamentario pueda cerrarse con conclusiones políticas y técnicas que ayuden a mejorar los protocolos ante futuras emergencias.

Una comisión nacida entre reproches y urgencias

La comisión sobre la DANA del 29 de octubre fue constituida el 21 de mayo a propuesta de Sumar, Junts, el Grupo Republicano y el Grupo Mixto, con el respaldo del PSOE, tras semanas de presión de los grupos valencianos para que el Congreso asumiera un papel activo en el análisis de la tragedia. Su objetivo inicial era investigar la respuesta institucional ante las inundaciones que arrasaron municipios del litoral mediterráneo, dejando tras de sí graves daños materiales, cientos de familias afectadas y un debate político abierto sobre la coordinación entre administraciones.

Desde el primer momento, la comisión nació envuelta en tensiones. Los grupos de la izquierda reclamaban una revisión exhaustiva de la actuación de todas las administraciones implicadas, mientras que el Partido Popular trataba de limitar su alcance a los organismos estatales y cuestionaba la oportunidad política del proceso. El desacuerdo sobre la comparecencia de Pedro Sánchez se convirtió en el principal punto de fricción: PSOE y Sumar defendían la presencia del Gobierno a través de ministros y técnicos, pero Compromís y Podemos exigían escuchar al presidente en persona para que rindiera cuentas sobre la coordinación de los recursos y la gestión posterior de las ayudas.

El enfrentamiento entre las distintas sensibilidades del bloque progresista y la falta de voluntad del PP para sumarse al consenso mantuvieron congelados los trabajos durante casi cinco meses, impidiendo que las víctimas, los servicios de emergencia y los responsables autonómicos pudieran exponer sus versiones ante el Congreso. Mientras tanto, las asociaciones de damnificados reclamaban avances, alertando de que las promesas políticas comenzaban a diluirse con el paso del tiempo y que la reconstrucción seguía lastrada por la burocracia y la falta de respuestas.

El acuerdo alcanzado ahora permite reanudar una comisión nacida entre reproches, urgencias y una fuerte carga simbólica, que pretende no solo depurar responsabilidades políticas, sino también extraer lecciones sobre la gestión de catástrofes naturales en un contexto de emergencia climática cada vez más recurrente.