Si algo está quedando claro en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular es que, ante el mínimo atisbo de irregularidades, los presidentes son muy beligerantes con los organismos que luchan contra la corrupción. Esta dinámica se extiende por las principales baronías del PP. El ‘caso FP’ ha dejado el último ejemplo, con el informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid señalando directamente al Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso. La líder regional madrileña no es una excepción, pues Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, cesó a la interventora general que tiró de la manta del escándalo de corrupción sanitaria de la región.
En la Comunidad Valenciana se encuentra otro claro ejemplo. Carlos Mazón, desde el inicio de su mandato al frente del Consell, inició un proceso de control y debilitamiento de la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo caracterizado por una transparencia que pasó a segundo plano con la llegada de Eduardo Beut a su dirección, aupado por PP y Vox. El líder regional siguió así con su vuelta al turbulento pasado de la Comunidad Valenciana, haciendo reflotar nombres vinculados con Eduardo Zaplana y firmando contratos con empresas salpicadas por la Gürtel en las semanas posteriores a la DANA.
La Intervención General señala a Ayuso por el 'caso FP'
En marzo de 2024, la Comunidad de Madrid elevó a la Fiscalía el caso del hospital de prácticas de Formación Profesional de Ciudad Escolar, el cual se construyó en 2021 -bajo el anterior Ejecutivo de Ayuso- sin que quedase registrado en ningún expediente. El empresario encargado de las obras reclamaba a la Consejería de Educación -dirigida entonces por Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid- más de un millón de euros. Al hilo de este caso, han trascendido otros nueve similares, en los que el Ejecutivo madrileño habría contravenido la ley fraccionando contratos, caso que acabó en los tribunales por posible prevaricación tras la denuncia de Podemos.
Esta práctica consiste en dividir una misma obra en varios contratos por valor inferior a 50.000 euros cada uno, haciéndolos pasar por independientes entre sí. De esta manera el contratante -en este caso, la Comunidad de Madrid- puede escoger al constructor y acortar los plazos, además de que la auditoría en estos casos es menor. Un informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Eldiario.es, ha señalado que “se han producido irregularidades con posible trascendencia penal”, y apunta directamente hacia el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Desde que comenzaron a trascender los casos, la Consejería cargó la responsabilidad a las espaldas de los directores de los centros, llegando a abrir expedientes a los mismos y a cesar al subdirector de Formación Profesional, Alfonso Mateos. Este nuevo informe del organismo auditor, en el que además se han sumado los centros IES Ciudad de los Poetas (Moncloa) y Tetuán de las Victorias (Tetuán) a los ocho que ya se conocían, resalta que los directores no tienen la capacidad de decidir sobre la financiación de las obras de forma unilateral, precisando del visto bueno de la Consejería de Educación. A esto, suman que el área de Ossorio “era conocedora” de estas obras.
Moreno Bonilla cesó a la interventora general por la corrupción del SAS
En el caso de Andalucía, la guerra va por lo sanitario. También por sus contratos públicos, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha visto envuelto en un caso de corrupción que salpica a sus tres últimos gerentes. Como resultado, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla cesó a principios de este año a la interventora general de la Junta, el principal cargo de vigilancia de las cuentas públicas. La cesada, María Antonia González Pavón, fue quien presentó en 2023 un informe en el que destapaba el fraccionamiento “indebido y masivo” de contratos millonarios en el organismo sanitario andaluz.
La premura de Moreno Bonilla en acabar con la encargada de que se investigue su corrupción dice mucho. González Pavón apenas cumplía medio año como interventora cuando señaló a la Junta por incumplir la Ley de Contratos Sector Público, provocando que los interventores provinciales hicieran lo propio y denunciaran “contratos menores en fraude de ley” en las delegaciones del SAS. El organismo se ha visto salpicado además por la adjudicación de contratos por la vía urgente -a dedo- por una cantidad que supera los 1.225 millones de euros.
Mazón y el "cerrojazo" a la Agencia Antifraude
Los contratos a dedo también copan titulares en la Comunidad Valenciana. La DANA, además de acabar con la vida de 224 valencianos y abrir incontables frentes para el Ejecutivo de Carlos Mazón, ha sido la excusa para la adjudicación de un sinfín de contratos vinculados a la reconstrucción a empresas relacionadas con la trama Gürtel. Esta vuelta al pasado que está viviendo la región se suma a la recurrente vinculación de Mazón con el entorno de otro president de oscuro recuerdo para los valencianos: Eduardo Zaplana. Uno de los ejemplos de esta dinámica guarda una estrecha relación con los casos explicados de Madrid y Andalucía.
En julio de 2024, Eduardo Beut fue nombrado director de la Agencia Valenciana Antifraude, el principal organismo auditor de la región. Durante la presidencia de Zaplana, Beut fue jefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, para pasar en 2002 al puesto de consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales, constituida por Bancaja y la Caja Mediterráneo junto a la Generalitat. Posteriormente, fue gerente de Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración) hasta el año 2012. La evidente confianza del expresident sobre Beut está más que acreditada, pero se refuerza con el dato de la "amistad personal" que mantenía con Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete de Zaplana.
Aupado por PP y Vox, uno de los primeros movimientos de Beut fue una oleada de despidos, que incluyó a Gustavo Segura, número dos de la AVA durante el mandato del Botànic. Segura se había presentado para el puesto que finalmente cayó en manos de Beut, pero el partido de Mazón, quien cambió la ley que regulaba los requisitos para este cargo, impulsó al actual dirigente a pesar de estar respaldado por una asociación que no está relacionada con la lucha contra la corrupción. El 11 de noviembre, mientras toda la atención estaba puesta l’Horta Sud, Beut firmó la instrucción 2/2024, que ha derivado en que los informes que la AVA publica cada mes en su portal de transparencia, se hayan visto reducidos a un breve resumen de la información, con todos los datos relevantes de las personas físicas implicadas anonimizados.