El Partido Popular ha vuelto a ceder ante las exigencias de Vox y esta vez ha tenido lugar en Baleares. Así, el Govern Balear y el partido de ultraderecha han  aprobado un acuerdo que permitirá la construcción de 20.000 viviendas en el término municipal de Palma. Además, este pacto da luz verde a convertir terrenos rústicos en urbanizables en aquellos municipios que poseen una población superior a 20.000 habitantes. El acuerdo se ha producido después de que el PP y Vox rechazasen, hace tres semanas, llevar a cabo una propuesta del PSIB-PSOE para limitar los precios del alquiler en Balears y priorizar el acceso a la vivienda a los habitantes de las islas. 

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, han valorado positivamente la disposición de ambas partes para llegar a un entendimiento, un gesto que la formación de extrema derecha ha calificado como “un hito” propio: “Vox logra imponer sus exigencias en materia de vivienda”, han manifestado a primera hora de este lunes en un comunicado antes de que la iniciativa haya sido debatida y aprobada en el Parlament balear.

Como en el resto de comunidades autónomas donde el Partido Popular está haciendo caso a las exigencias de los de Santiago Abascal, en Baleares para llevar a cabo la iniciativa, también han puesto sus condiciones. De esta manera, para que Vox apoyase el decreto, la nueva normativa no solo se centrará en la capital balear, sino que comprenderá más municipios e incluirá áreas en transición.

Encarecimiento de la vivienda y reducción de las zonas verdes

Las reacciones ante este decreto han sido inmediatas y como protesta, desde el colectivo Palma XXI -formado por historiadores, geógrafos, arquitectos y urbanistas-, el grupo ecologista GOB y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, han convocado una movilización para este martes a las 12:00h, frente a las puertas del Parlament. Para los organizadores de la manifestación, el nuevo acuerdo va a implicar un encarecimiento de la vivienda, una reducción de las zonas verdes y grandes beneficios para los promotores.

Desde el colectivo se han pronunciado criticando el mandato: “Se presenta como una gran herramienta para conseguir suelo para hacer viviendas asequibles, es, en realidad, el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años”. 

“Entre otras medidas, el decreto permite modificar radicalmente el Plan General de Palma, aprobado hace dos años, para dejar construir a los promotores un 45% más de edificabilidad a sus suelos urbanizables”, han reprochado. Asimismo, han expuesto que esta medida “abre la puerta a reducir radicalmente, en algunos casos hasta solo una quinta parte de lo previsto en el Plan General, los espacios libres que tenían que conformar los jardines y parques de la Palma del futuro”.

“Un gran engaño”

La exclusión de las ayudas al alquiler y el rechazo al acceso de viviendas de protección pública para aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de usurpación o allanamiento de morada, son algunas de las medidas que incluye el decreto 3/2025 el cual espera consolidarse este martes en el pleno de la Cámara autonómica y que, posteriormente, se tramitará como proyecto de ley. 

De la misma forma, posibilita que los municipios donde vivan más de 20.000 personas, puedan decidir si quieren llevar a cabo proyectos urbanísticos en áreas de transición, que conllevará a la recalificación de los suelos rústicos en urbanizables. 

No obstante, desde el Govern y Vox han afirmado que el 50% de las nuevas viviendas serán de protección oficial o que tendrán un precio limitado. Pero, el GOB, ha calificado esta afirmación como un “gran engaño” porque el plan general de Palma de hace dos años, ya contemplaba que ese mismo porcentaje se destinara a viviendas de protección pública y dicen que ahora se añaden las de precio limitado pero, “un 30% más caras”.

“El resultado es que las viviendas serán menos accesibles todavía para la gente, habrá muchísimas menos zonas verdes y se generará un beneficio adicional a los promotores que se estima en unos 500 millones de euros”, ha lamentado la entidad. Finalmente, el decreto cede a los ayuntamientos un 15% del aprovechamiento del suelo para facilitar el acceso a la vivienda a  los funcionarios públicos.

El PP cede ante las exigencias de Vox 

Es habitual que el Partido Popular acepte las exigencias que le impone el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal para complacer sus propios intereses a pesar de que esto suponga romper con leyes a favor de derechos fundamentales o políticas a favor de cuidar el planeta para combatir el cambio climático.

Baleares no es la única comunidad autónoma en la que se ha dado esta situación. En marzo de este año, el PP de la Comunidad Valenciana liderado por Carlos Mazón, pactó con Vox para que estos apoyaran sus presupuestos. De este modo, los ultraderechistas pusieron la condición de que los populares debían rechazar el Pacto Verde europeo atacando así las políticas medioambientales abanderadas por la Comisión Europea. 

Por este mismo camino están yendo otras Comunidades Autónomas donde gobierna el PP como, Murcia, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Baleares. Desde Vox han amenazado en varias ocasiones de que si el PP requiere del respaldo de Vox para aprobar presupuestos, estos deben realizar "pronunciamientos solemnes" contra las políticas verdes y la inmigración ilegal a cambio de este apoyo, reiterando que no sirven "unas declaraciones aquí o allí" ni un "aquí te pillo, aquí te mato", de esta manera lo expresó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.