El pasado mes de abril el Govern Balear aprobó con la ultraderecha un acuerdo que daba luz verde a convertir terrenos rústicos en urbanizables en aquellos municipios con una población superior a 20.000 habitantes.
Las reacciones entoces no se hicieron esperar y no fueron solo políticas. El colectivo Palma XXI, formado por historiadores, geógrafos, arquitectos y urbanista, el grupo ecologista GOB y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, llegaron a convocar, incluso,una movilización contra un pacto, subrayaban, que implicaría un encarecimiento de la vivienda, una reducción de las zonas verdes y grandes beneficios para los promotores.
Pero ahora, el Ejecutivo autonómico ha ido todavía más allá, flexibilizando los límites para edificar en suelo rústico. Las nuevas modificaciones introducen tales "barbaridades", que los diputados socialistas que formaban parte de la Comisión de Urbanismo donde se debía debatir la tramitación de la ley, han llegado esta semana a levantarse de la mesa, al igual que lo han hecho el resto de representantes de formaciones de izquierdas.
PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, han advertido del peligro que esto supone. "La ley del PP y Vox favorece aún más la construcción en rústico, con enmiendas de trámite presentadas a última hora", advierte Iago Negueruela, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En este sentido, apuntan, el PP ha hecho un auténtico “ejercicio de cinismo”, mintiendo de forma reiterada negando que quisieran urbanizar en rústico en las áreas de transición de Palma y del resto de las Islas. "Han acabado haciendo lo que realmente querían hacer", recalcan. "Al final resultó que sí y llevan tres días mintiendo a los medios de comunicación” destaca Negueruela, que acusa al Ejecutivo de Marga Prohens de “mentir” y de poner en marcha una “campaña de desinformación en los medios de prensa escrita”.
En este sentido, los socialistas denuncian que el PP había precisado que antes de construir en áreas de transición había que agotar los suelos urbanizables, pero “esto no es cierto, porque el texto dice que se puede empezar a construir en rústico a la vez que en suelos urbanizables, por tanto, sin agotar lo urbanizable”, enfatizan.
Este punto es en sí mismo, dicen, un “colador”y se agrava cuando las enmiendas de trámite añaden el motivo de “emergencia habitacional” para edificar en zonas de transición."El Govern reconoce la emergencia habitacional en las Islas para poder construir prácticamente en todo el rústico, pero esta emergencia no existe para declarar el territorio como zona tensionada y así poder limitar los precios del alquiler", lamentan.
Del mismo modo, el texto actual contempla que en todos los municipios de más de 20.000 habitantes, se pueda clasificar como rústico el suelo que está junto a terreno urbanizable, cuando en la redacción anterior solo se contemplaba que pudiese hacerse cuando colindaba con suelo urbano.
Las nuevas modificaciones a la ley reducen, asimismo, las dimensiones que deben tener las Áreas de Transición en Palma y en el municipio de Ibiza, que pasan de ser de 350 metros de diámetro a 100. "Otro coladero", destacan.
Negueruela no solo carga contra PP y Vox, sino que también hace referencia a "determinados promotores, con nombres y apellidos, que han negociado este decreto ley”. "Lo han hecho de una forma tan burda, que ya están perdiendo las formas, introduciendo prácticamente textos nuevos, con frases escritas a mano, con bolígrafo, en el mismo texto, donde se agravan aún más las situaciones que el partido socialista había denunciado”.
Para el PSIB‑PSOE, las formas en que se está realizando esta tramitación “superan, con creces, cualquier ejercicio de legalidad parlamentaria”, ya que se ha evitado en todo momento poder debatir adecuadamente las enmiendas que modifican partes importantes de la norma. Esto, además de que puede ser “inconstitucional”, priva a la sociedad civil de la posibilidad de ser informada en condiciones para poder emitir su opinión", sentencia.
Por todo ello, los socialistas instan a los Ayuntamientos a no acojerse a la nueva normativa.