El expresidente del Govern balear Jaume Matas ha asumido hoy "la responsabilidad política" de la construcción de las autopistas de Ibiza en la legislatura 2003-2007 en cumplimiento de un compromiso electoral.
"Es una decisión que estaba en el programa electoral con el que fuimos a las elecciones" y su propósito era superar "una carencia" de infraestructuras viarias "que especialmente afectaba a la seguridad", ha dicho Matas durante su comparecencia en la comisión del Parlament balear que investiga el sobrecoste de las carreteras de Ibiza.
El expresidente, sobre quien pesan dos condenas firmes por corrupción y pendiente de numerosos procesos judiciales, ha defendido la ejecución de los proyectos y ha considerado que lo que los grupos de izquierda consideran sobrecostes es habitual cuando se trabaja con "estimaciones". "El coste ha sido el que ha sido", ha afirmado.
"Las decisiones son colectivas, pero lógicamente, como presidente, tengo la responsabilidad política", ha insistido Matas, cuyas limitaciones auditivas han obligado en ocasiones a los diputados a repetirle algunas preguntas.
El expresidente del Govern y del PP balear ha respondido negativamente a las preguntas de PSOE, MÉS y Podemos respecto a sus sospechas de que él particularmente y su partido se beneficiaron del desvío de fondos de empresas adjudicatarias de la construcción de las carreteras ibicencas y de servicios paralelos.
Ha negado igualmente que ordenase acelerar las obras para que terminaran antes de las elecciones de 2007 con el fin de obtener réditos políticos y que determinase qué empresas debían ser las adjudicatarias de los encargos, aunque sí ha admitido conocer a Daniel Mercado, propietario de la agencia de publicad Over Marketing, que ha definido como "un proveedor de servicios".
En contra del criterio de los interpelantes, a excepción del PP, que considera la comisión "un espectáculo mediático, Matas ha defendido que los casi 600 millones de euros de coste de las autopistas de Ibiza los paga el Gobierno central, que por sentencia del Tribunal Supremo tiene la obligación de transferir los fondos necesarios a Baleares para abonar el "peaje en la sombra".
Sin embargo, los grupos de izquierda han reiterado su argumento de que respecto a la previsión del convenio, el sobrecoste de los proyectos asciende a 426 millones de euros, que lastra las arcas autonómicas y que algunas de las expropiaciones todavía son objeto de pleitos en curso.
En varias ocasiones, en respuesta a preguntas sobre su imputación en casos de presunta corrupción, Matas ha rehusado contestar con la fórmula: "Eso no es objeto de esta investigación".
El diputado de Podemos Aitor Morrás incluso se ha interesado sobre si Matas se había desplazado a Mallorca en avión o en barco, cuestión que ha quedado sin respuesta.
Pese a que las limitaciones de tiempo (15 minutos para cada portavoz incluyendo las respuestas) dificultaban las explicaciones detalladas, el expresidente ha argumentado que el convenio con el Gobierno del PP para financiar carreteras fue fruto de su "influencia política" como exministro de Medio Ambiente.
"El coste de las carreteras ha sido financiado íntegramente por el Estado español y no por las arcas de la Comunidad", ha recalcado Matas, quien también ha expresado su confianza en que los técnicos que llevaron a cabo los proyectos y supervisaron la ejecución actuaron conforme a las regulaciones vigentes, como han ratificado los tribunales.