El Gobierno central continúa situando el foco en la problemática de la vivienda, especialmente, en las zonas altamente tensionadas por la proliferación no sólo de los altos precios, sino de los pisos turísticos. El caso de la ciudad de Madrid es de los más acuciantes, ya que después de que el Ministerio de Consumo cifrase en más de 15.000 los pisos turísticos que están fuera de la legalidad, la cartera de Vivienda y Agenda Urbana ha situado el foco este lunes en la misma cuestión.
La ministra Isabel Rodríguez ha seguido los pasos esgrimidos por Pablo Bustinduy en estas semanas atrás advirtiéndole al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida que “sólo el 7% de las viviendas turísticas de Madrid son legales”, séase, que más de 15.000 inmuebles de estas características “están en la absoluta ilegalidad”. O lo que es lo mismo, un 93% de las viviendas turísticas que hay en Madrid son ilegales. Un hecho que refleja la realidad sobre la vivienda vacacional pero que contrasta con la postura adoptada por el Gobierno de Cibeles, desde el que acusaron a Consumo de “deslealtad institucional”.
La titular de Vivienda se ha reunido este lunes con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) de la Comunidad de Madrid, con quienes ha abordado la “angustia” de los vecinos madrileños afectados por “la presencia de los alojamientos turísticos ilegales en su vida cotidiana, alterando su convivencia”; realidad que, a su vez, “priva a otras personas de poder acceder a una vivienda digna a un precio asequible”.
En lo que concierne al foco de la capital, representa “una atrocidad que está impidiendo los desarrollos de vida de miles de madrileños”: “Es ahí donde las administraciones públicas tenemos que actuar también con contundencia para impedir la especulación”, ha esgrimido Rodríguez, aludiendo así al artículo 47 de la Constitución.
Asimismo, y en aras de remarcar la labor de Moncloa en este ámbito, la ministra ha rememorado que han puesto en marcha “iniciativas como empoderar a los vecinos para que sus comunidades puedan vetar la presencia de alojamientos turísticos”: “Más viviendas y menos Airbnb, mucho menos si son ilegales”, ha ahondado.
De la misma manera, apuntando aun a la tensionada situación de grandes urbes, ha apuntado que algunas administraciones públicas están “boicoteando” medidas de regulación de la vivienda “que funcionan” como es “la contención de precios”: “Hemos conseguido bajar un 6% el alquiler a las familias que viven en alquiler en Barcelona. Eso sería posible hacerlo hoy en Madrid”, ha aseverado. A su vez, la ministra ha apuntado que en la capital hay 500.000 propietarios que podrían estar bonificándose hasta el 90% de las rentas del alquiler si estuvieran bajando el 5% del alquiler de sus inquilinos”.
Choque entre Cibeles y Moncloa por las viviendas turísticas
Fue en la recta final de marzo cuando el informe de la Unidad de Análisis de Consumo desveló que son 16.335 pisos turísticos anunciados en plataformas online, de los cuales 1.131 permisos legales, lo que se traduce en que más de 15.200 se encuentran en situación ilegal.
“Está limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía”, advirtió el propio Bustinduy en diversas ocasiones. Entonces, la petición se convirtió en exigencia: retirar los anuncios ilegales y abrir expedientes sancionadores. Pese a la evidencia, Almeida contestó con reproches de “deslealtad institucional” a Consumo al considerar que vulneró datos que no debían ser públicos a una previa reunión entre ambas partes.
La proliferación de las conocidas como VUT ilegales también se traduce en consecuencias directas sobre el mercado del alquiler en sus bases, tanto en la retirada de viviendas para uso residencial que se convierten en turísticas como en la presión sobre la misma oferta. Fruto de ello, zonas y barrios como Malasaña o Lavapiés, cuyos vecinos de siempre han sufrido pérdida de convivencia, dificultad en su cotidianidad ante la masiva llegada de turistas y expansión de comercios y otros servicios ligados a este fenómeno.