UGT señala a Ayuso por la falta de recursos que lleva a la Universidad Complutense a aprobar recortes

UGT Servicios Públicos de Madrid denuncia las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que suponen un recorte de derechos para la plantilla y un deterioro del servicio público que se presta a la ciudadanía. El sindicato ha señalado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, como responsable de años de financiación insuficiente, lo que ha derivado en una supuesta solución que, lejos de abordar el problema de fondo que atraviesa Ciudad Universitaria, traslada el impacto a la propia comunidad universitaria. Esta falta de recursos ha desembocado en la solicitud de un préstamo de 33 millones de euros, con un elevado tipo de interés, y ha culminado ahora con la aprobación de un plan de ajuste por parte del Consejo de Gobierno.

El rector, Joaquín Goyache, en una carta dirigida a la comunidad universitaria, admite —aunque de forma matizada— algunas de las causas que han conducido a esta situación. Entre ellas, señala que la universidad ha tenido que asumir con cargo a su propio presupuesto las subidas salariales ante la ausencia de transferencias suficientes del Gobierno regional, lo que ha provocado que su personal continúe con salarios de 2024, mientras el resto de empleados públicos de la Comunidad ya perciben retribuciones actualizadas a 2026.

También apunta al incremento sostenido de los costes energéticos en los últimos años, especialmente gravoso en una institución con más de 120 edificios poco eficientes desde el punto de vista energético, así como al crecimiento natural de las plantillas.

Asimismo, el rector menciona la obligación de cumplir con resoluciones judiciales favorables a los trabajadores, como la reciente sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a UGT por la incorrecta aplicación del reconocimiento y devengo de los quinquenios.

Sin embargo, en lugar de exigir con firmeza la financiación necesaria, el equipo de gobierno ha optado por hacer recaer el ajuste sobre las trabajadoras y trabajadores. El plan aprobado implicará un aumento de las cargas de trabajo, un deterioro de la calidad docente e investigadora y una mayor presión sobre servicios esenciales. También supondrá una reducción y empeoramiento de la oferta académica, el envejecimiento de las plantillas, la pérdida de talento y una mayor precarización del empleo.

Además, el documento establece la docencia como principal indicador de rendimiento, dejando en un segundo plano la investigación, la transferencia de conocimiento, la gestión académica y la calidad global del trabajo universitario. Se prevé igualmente un escenario de tensiones entre facultades y centros por la implantación de un sistema asimétrico de contención del gasto, que incluso contempla la posibilidad de restringir el uso de espacios por motivos de ahorro energético.

En vez de reclamar más recursos, el plan apuesta por incrementar retenciones en distintos conceptos, como los contemplados en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario —alquiler de espacios, cátedras o títulos propios—, y congela la carrera horizontal del PTGAS. Además, el documento no se presenta como definitivo, ya que advierte de que podrían adoptarse nuevas medidas si la situación no mejora, lo que evidencia que el análisis de impacto no garantiza la superación de la crisis.

Este escenario coincide con cambios recientes en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Según las informaciones conocidas en las últimas horas, la gestión de la infrafinanciación universitaria habría sido uno de los motivos del relevo al frente del departamento. En este contexto, lo razonable habría sido aplazar la aprobación del plan de recortes hasta conocer el rumbo que adoptará la nueva etapa.

Un acuerdo público-privado rodeado de dudas

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid se reclama al rector y a su equipo una posición más firme para exigir a Ayuso la responsabilidad que le corresponde en la situación actual. El sindicato recuerda que son las trabajadoras y trabajadores quienes sostienen día a día la universidad pública y no deben convertirse en víctimas de la falta de determinación del equipo rectoral en su defensa.

Porque quienes defienden la universidad pública no olvidan que, mientras miles de personas se manifestaban el 27 de noviembre de 2025 para exigir una financiación digna, el rector Joaquín Goyache se encontraba en Pozuelo de Alarcón firmando un acuerdo de colaboración público-privada del que aún no se han detallado los beneficios concretos que aportará para resolver los problemas económicos de la institución.