El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, para regularizar a personas migrantes.
La administración de la Puerta del Sol considera que se trata de una medida que “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financieros y de provisión de medios”, “contraviene la normativa de la Unión Europea” y “afecta a la seguridad nacional”.
La lideresa de la región ha acusado en varias ocasiones el texto sacado adelante por el Ejecutivo de coalición. La baronesa anunció el pasado viernes su decisión de acudir a los tribunales, marcando así nuevamente el rumbo de su partido, y tachó la medida de “populista”.
Ayuso afirmó que este proceso beneficiaría a personas “que llevan pocos meses en nuestro país, de las que no se sabe nada” y a las que se las está “regalando” un estatus que, a su juicio, está pensado para “inflar los censos de cara a las próximas elecciones”.
Deriva racista del PP
La semana pasada, el Gobierno sacaba adelante el documento, sin necesidad de que se vote en el Congreso de los Diputados, lo que evitó los votos negativos de la derecha y la extrema derecha.
La norma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en colaboración con departamentos como el de Interior, Justicia o Política Territorial, dotará de una ganancia de derechos para cientos de miles de personas que llegan o ya están en nuestro país en busca de oportunidades y que actualmente no pueden acceder a servicios públicos, un contrato de trabajo o el pago de impuestos directos.
Dentro de los ‘populares’, de nuevo ha sido Ayuso quien ha marcado el paso criticando con más hincapié que el resto de miembros de su formación, mucho más que el propio Alberto Núñez Feijóo la decisión.
"Dice que no a lo que hasta ayer decían que sí"
Esta declaración de intenciones ha encontrado la respuesta del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una carta que enviaba a la ciudadanía; y del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, entre otros.
Este último, Francisco Martín, ha reprochado en los últimos días a las administraciones controladas por el Partido Popular, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo "lo posible y lo imposible" por "boicotear" el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central.
"Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo", lamentaba en declaraciones a la prensa.
Martín señalaba que a lo largo de los últimos tiempos se ha reunido con los sectores productivos de la Comunidad de Madrid, representantes del tejido social y de la Iglesia católica y "todos sin discusión" le habían pedido impulsar una medida como la regularización de migrantes.
De hecho, el delegado apuntaba que incluso el propio PP "ahora dice que no a lo que hasta ayer decían que sí", y todo ello, asegura, debido a que la presidenta autonómica, y también líder del PP de Madrid, "ha hecho virar al conjunto del Partido Popular en España".
Es por esto que Martín considera que Ayuso y el Partido Popular le están dando "la espalda" a la sociedad madrileña, al tejido social y económico y "no están a la altura una vez más". "Debemos de seguir insistiendo en la pedagogía alrededor de este proceso", decía.
Cabe recordar que no es único aspecto en clave migratoria al que la administración de Ayuso, que acoge con los brazos abiertos a migrantes de partes del mundo como América Latina, ha convertido en escenario de lucha.
En este sentido, también ha recurrido en los últimos tiempos ante los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados, mal conocidos como MENAS.