La Comunidad de Madrid arrastra polémica en cuanto a transparencia se refiere. Desde que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se sienta en la Puerta del Sol, este derecho ciudadano brilla por su ausencia y, en el mejor de los casos, la información llega a deshora o cuando ha pasado demasiado tiempo desde que se han solicitado los datos.
Es el pan de cada día que sufren en primera instancia los madrileños, que tienen derecho a una información veraz y objetiva sobre los asuntos a los que van dirigidos sus fondos, pero también damnifica a los diputados y su labor fiscalizadora, ya que tanto PSOE como Más Madrid, ambas formaciones en la oposición, ven mermado su trabajo en este ámbito.
Lo mismo le sucede a cualquier persona que, a título individual, solicita información mediante una herramienta que debería servir para esclarecer dónde termina y por qué el dinero de su bolsillo pero que, desde que Ayuso está a los mandos -sobre todo desde 2023 y la denominada Ley Ómnibus-, no funciona como debería.
¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy?
Más Madrid ya emitió un exhaustivo informe sobre las cuestiones que la Asamblea de la Autonomía -cuya Mesa contra el que fuera responsable de Educación de la Comunidad Enrique Ossorio, salpicado a su vez por el fraccionamiento de contratos en Educación- rechazó, y desde el Partido Socialista ponen también el grito en el cielo.
“Supone un retroceso en democracia, y Ayuso lo sabe y le da igual (…) Por desgracia, es su marca personal”, emite en declaraciones a ElPlural.com Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), quien tiene claro que “cuando alguien torpedea tanto, es que tiene mucho que callar”.
Hace un par de años, la región capital cambiaba el funcionamiento de la Ley de Transparencia a través de una Ley Ómnibus -una especie de cajón de sastre- por la que también transformó la Cámara de Cuentas -el órgano fiscalizador- y pasó a controlar Telemadrid.
Los tres ejes que sustentan la actual Ley de Transparencia
Aquella normativa, que provocó protestas no solo a nivel político, sino también social, contiene varios ejes que reflejan de qué manera la Autonomía queda plegada a los intereses del PP y de su baronesa. Concretamente tres, aunque existen más.
Por un lado, añade las competencias en protección de datos al organismo que debería salvaguardar este derecho fundamental; por otro, su dominio pasa directamente a depender del Gobierno y no de la Asamblea y, en última instancia, elimina la sanciones por incumplimiento. Todo ello se traduce en barra libre para las sigas que gobiernan con mayoría absoluta en Madrid.
Más en detalle, mientras que en el modelo original (10/2019) la representación del Consejo la elegían 3/5 de la Cámara -así el órgano parlamentario tenía voz-, pasó a ser escogida a dedo y a recaer directamente por el Gobierno al que debería vigilar. El texto reza que “se sigue garantizando su independencia -la del consejo- y autonomía”.
Y en este quién vigila al vigilante, en el documento anterior la normativa contenía un título específico para multar y sancionar, mientras que después se elimina el régimen específico. En este apartado, hay que destacar que se quita todo el régimen sancionador, suprimiendo cualquier apartado de infracciones, así como el buzón en el que cualquier persona podía denunciar incumplimientos para que el Consejo los investigara en última instancia.
Ese vacío lo completa desde entonces una alusión general al régimen de sanción de la Ley estatal, lo que supone vaciarlo de contenido y que el resultado sea la nada más absoluta. Además, el Consejo carece de capacidad para castigar. Ni siquiera podrá empezar procedimientos sancionadores como sí ocurría hasta 2026.
Además, anteriormente la publicación de las agendas con carácter exhaustivo era obligatoria, de manera que los altos cargos tenían que dejar constancia de las reuniones existentes para controlar la actividad de los lobbies. La Ley Ómnibus descarta todo esto, permitiendo que las reuniones se oculten por “cortesía institucional”, lo cual no deja de ser un concepto ambiguo que permite a los cargos decidir qué reuniones se hacen públicas y cuáles no.
Como novedades, la reforma habla de una unidad de apoyo jurídico, técnico y administrativo, pero la realidad es que esta unidad ya estaba previsto en la ley anteriormente vigente, por lo que no resulta en nada nuevo.