La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, aprobó en diciembre un decreto que imponía la jornada partida en los colegios públicos de la región. La medida provocó una división entre las familias y los docentes. Los últimos lo rechazan por la vulneración de sus derechos laborales, y un mes después han tomado acción. El sindicato CSIF, como anunció entonces, ha presentado una denuncia contra el decreto, alegando que es una medida "arbitraria".
El escrito se presentó el pasado 9 de enero, según recoge Eldiario.es, y en él denuncian que el decreto no se ha negociado con las partes afectadas, lo que vulnera el principio de participación democrática. Los docentes, a través del sindicato de funcionarios, alegan una "falta de motivación y arbitrariedad en el ejercicio de la potestad reglamentaria".
El decreto se aprobó por el Consejo de Gobierno a finales de diciembre. En él se cambió el horario lectivo en los centros, partiendo las jornadas en dos sesiones de mañana y tarde con dos horas de descanso entre medias. La medida se implantó obligatoriamente en los centros nuevos, y para el resto basta con la aprobación de un tercio del Consejo Escolar. En septiembre y junio se podrá mantener la jornada continuada.
La reacción de la comunidad educativa se dividió entre los profesores, que advirtieron de que se estan vulnerando sus derechos laborales, y los padres y madres de alumnos, que generalmente ven esta configuración con buenos ojos porque les permite una mejor conciliación con los horarios de sus hijos. Este fue uno de los argumentos con los que respaldó el decreto el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, quien añadió que la medida mejorará el rendimiento escolar de los alumnos.
CSIF toma iniciativa contra el decreto "unilateral" de Ayuso
En CSIF ponen en duda estas mejoras, ya que no hay "ningún informe pedagógico que diga que una jornada es mejor que la otra", según su responsable de Educación, Miguel Ángel González. En la denuncia añaden que "no ha sido negociado" en la Mesa Sectorial en la que están representados ante la Consejería de Educación, y califican el decreto como una medida "unilateral".
Los centros públicos de la Comunidad de Madrid que deseen implantar la jornada partida deberán someterlo a su Consejo Escolar, donde participan miembros del profesorado, las familias, el personal no docente y los agentes municipales de Educación. Si al menos un tercio del órgano está de acuerdo, la decisión se trasladará a la Dirección de Área Territorial. El proceso se deberá efectuar antes del 15 de marzo de cada año.
Todos los sindicatos que participan en la Mesa Sectorial, que son CSIF, ANPE, CCOO y UGT, cuestionaron el decreto desde el principio. CSIF, que es la primera que ha actuado, considera que esto permitirá cambiar la jornada de los alumnos y profesores "sin un mínimo de participación". En el caso de ANPE confirman que sus abogados están estudiando cómo impugnaran el decreto. Su presidenta en Madrid, Carolina Fernández, denuncia que la Comunidad "ignora el conocimiento de los docentes", en declaraciones al citado medio.
Los sindicatos advierten de que los alumnos rinden peor por las tardes, y cuestionan que partir las jornadas ayude a las familias a conciliar: "Tenemos unos ritmos de trabajo que no permiten compaginar el trabajo con la vida, y eso es una realidad social. Pero ese cambio no puede dejarse a cargo de unos profesionales de la educación, sino más bien de la estructura que lo sostiene", explica la representante de ANPE Madrid.