El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, en su nueva Ley de Universidades, tal y como ha trascendido este miércoles, plantea sanciones y multar manifestaciones universitarias “no autorizadas” con penas económicas que ascienden hasta los 100.000 euros. Una medida a la que el sector docente universitario y sindicatos han reaccionado anunciando próximas movilizaciones en clave de rechazo.
Así se han postulado tras la publicación del borrador de la nueva normativa, que plantea multas que van desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus" o por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".
“Sanciones astronómicas”
La red Universidad Complutense por la Pública ha realizado un llamado a los estudiantes y trabajadores de los centros universitarios públicos de la región, además de a toda la ciudadanía, en aras de prepararse para “escalar las movilizaciones” al considerar que la normativa del Ejecutivo de Ayuso “amenaza” con “sanciones astronómicas”, condenando a su paso a la comunidad universitaria al “ostracismo” por ejercer el derecho fundamental de manifestación.
En un comunicado difundido este miércoles, defienden que, con este contexto, está en juego “el futuro y la libertad” de la universidad pública: “Este otoño vamos a parar esta ley, que convierte la educación en un negocio, nos criminaliza y ataca nuestras libertades, para conquistar la universidad pública que nos merecemos. La universidad es un espacio autónomo donde la libertad de ciencia y conciencia no pueden ser recortadas. Ambas van unidas. Ninguna ley puede atacarlas”, subraya la plataforma universitaria.
A modo de reproche por las medidas que pretende impulsar el Ejecutivo de la Puerta del Sol, inciden en que “en lugar de querer silenciar y controlar la universidad” lo que debe hacer el Gobierno de Ayuso debe ser “dotar de presupuestos dignos y no estrangular la universidad, convirtiéndola en un negocio privado sin calidad”.
El comunicado de Universidad Complutense por la Pública, finaliza reiterando que exigen respeto a la autonomía universitaria y una financiación digna, pero el punto álgido radica en la crítica hacia Ayuso, a quien señalan de estar cometiendo una “mordaza universitaria” con esta normativa, la cual equiparan a su vez con la ‘Ley Mordaza’ de 2015, “son parte de lo mismo”.
Culpan a Ayuso de volver a las condiciones educativas del Franquismo
En los mismos términos de crítica, el Sindicato de Estudiantes, a través de su portavoz, Coral Latorre, también ha lanzado un comunicado con el que rechazan todos los puntos que han trascendido de la normativa autonómica contra las protestas, pancartas y manifestaciones universitarias. Este colectivo ha culpado al Gobierno de Ayuso de pretender “devolver las condiciones educativas de la dictadura franquista”: “No sólo arrasa la enseñanza pública y regala miles de millones a la privada, sino que pretende colocar las universidades madrileñas al servicio de la élite económica y del ideario totalitario de la extrema derecha”, condenan.
En este tono, la plataforma de estudiantes tacha la pretensión del Ejecutivo madrileño de “represión, sumisión y clasismo”, considerando que acabar con el derecho de manifestación y aplicando “multas millonarias” es sinónimo de “una represión salvaje al movimiento estudiantil”.
Entrando en detalle de todas las infracciones y sanciones contempladas en la normativa, así como sus correspondientes multas económicas que van desde los 100.000 euros, e incluso la más grave hasta el millón, Sindicato de Estudiantes se pregunta “quién decidirá qué es una infracción grave o leve”, señalando así al Consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana.
“El odio de la señora Ayuso contra el movimiento estudiantil combativo, contra las asambleas de profesores y contra todos los trabajadores y jóvenes que queremos una Universidad libre de discursos reaccionarios es más que evidente. Quieren convertir las facultades en un altavoz para sus ideas totalitarias, racistas, llenas de machismo, de ataques al movimiento feminista y a la comunidad LGTBI. (…) Hemos demostrado que nuestra fuerza está en la calle, y es en la calle donde tenemos que seguir para derrotar los planes del Gobierno del PP”, insisten desde el sindicato estudiantil.
“Modelo represivo”
Bajo una terminología similar, también se ha pronunciado el secretario de universidad de CC.OO, Jesús Escribano, quien lo ha tachado de "un claro modelo represivo de los campos universitarios, de forma que cualquier tipo de protesta se puede ver multada y se puede ver sancionada". A su vez, ha tildado de "incomprensible" que tanto la presidenta Ayuso como el consejero Viciana, "digan que no es cierto lo que ponen en su propio texto": "La presidenta de la Comunidad se ha descolgado diciendo que eso es mentira, pero basta leer el propio texto que ellos mismos han publicado", ha ahondado.
Por su parte, el responsable de universidad de UGT, Javier Becerra, lo ha valorado como un recorte a la "libertad de expresión": "El Gobierno de Ayuso no quiere que en la universidad haya libertad de expresión y, para conseguirlo, pone todos los medios necesarios", ha apuntado.
El sindicato CSIF, a su vez, ha señalado que las sanciones son "desproporcionadas", aunque han preferido esperar a tener el texto completo para hacer una valoración más detallada.
Pese a todo este escenario de rechazo de parte de la comunidad y sindicatos universitarios, el Ejecutivo de la Puerta del Sol ha esgrimido una defensa férrea de su Ley de Universidades señalando, en relación con las sanciones al derecho de manifestación, que ésta “no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas”, tal y como ha expresado el consejero de Educación, quien ha reiterado que el “régimen sancionador da herramientas” para proteger estos derechos.