El Sindicato de Inquilinos señala directamente a Almeida por el derrumbe del edificio: “Ignoró todas las advertencias”

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, empieza a ser uno de los señalados por el derrumbe del edificio de Madrid (Hileras, 4), que se ha cobrado la vida de cuatro trabajadores. Sectores sociales y sindicatos de vivienda culpan al consistorio de haber “Ignorado todas las advertencias” que se le habían trasladado “en múltiples ocasiones” y de fomentar un modelo de urbanismo que “ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad”. Situación que “ya ha empezado a matar” y podría replicarse en otros bloques.

“Madrid se está derrumbando bajo el peso de un urbanismo privatizado que ya ha empezado a matar”, denuncia el Sindicato de Inquilinas, que ven en Almeida al principal responsable de una deriva municipal que pone en riesgo a trabajadores y ciudadanos. “El Ayuntamiento de Madrid fue advertido en múltiples ocasiones del peligro de las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, un modelo que ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad”, trasladan. Una de las principales figuras del modelo madrileño son las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU).

El próximo derrumbe podría ocurrir en cualquiera de los edificios regidos por este sistema

Estas entidades privadas pueden, gracias a la ordenanza de 2022, emitir declaraciones responsables y licencias de obras para las promotoras que las contratan. Empresas a un lado y otro de la cadena, que hacen negocio entre ellas y “ponen en riesgo tanto a las familias residentes como a los trabajadores que operan dentro de los inmuebles”, espetan desde el Sindicato de Inquilinas. “El derrumbe del edificio de la calle Hileras ha evidenciado las consecuencias de esta política”, certifican, advirtiendo de que existen otros dos bloques en Madrid que viven una situación de riesgo. “Si nada cambia, el próximo derrumbe podría ocurrir en cualquiera de los edificios que hoy siguen en obras bajo este mismo sistema”.

¿Qué paso en Hileras 4?

La principal característica de que una obra esté gestionada por una ECU es que el Consistorio “no tiene la obligación de poner ni un pie en la obra para hacer los pertinentes trabajos de inspección y fiscalización”, relata José Ferreira Matos, militante del Sindicato de Inquilinas, a ElPlural.com. En consecuencia, la entidad se hace cargo de una tarea municipal tan básica como ver si la obra se está realizando de acuerdo con la licencia o la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento.

En el caso del edificio de Hileras, “habían sido pedido dos declaraciones responsables, una rechazada (catas en la estructura), y una licencia urbanística”, expone el sindicalista. “El caso de Madrid es pionero porque, desde la aprobación de la última ordenanza, estas entidades colaboradoras urbanísticas ya no se circunscriben ahora únicamente a una actividad comercial, como la apertura de locales. Han expandido su actividad a las actuaciones urbanísticas y de uso residencial, lo que es una novedad exclusiva de Madrid”, explica Ferreira a este periódico.

El Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y ha permitido a empresas con intereses económicos ejercer funciones públicas

Actualmente, existen 20 empresas privadas “habilitadas” por el Ayuntamiento para ejercer estas labores por las que cobran directamente de la promotora que los contrata. Desde el Sindicato de Inquilinas advierten de que otros dos bloques, cuya reforma también se está realizando para hospedaje, están en riesgo. En estos dos casos, además, en su interior siguen residiendo familias que se resisten a ceder a las presiones del fondo buitre y abandonar sus casas.

Otros dos edificios en riesgo

El mismo esquema que en Hileras 4 “se repite en San Ildefonso 20 y en Tribulete 7, donde familias siguen viviendo entre obras de demolición que avanzan sin inspección pública previa y con condiciones de seguridad inexistentes”, relatan desde el Sindicato de Inquilinas lo que ElPlural.com pudo comprobar en visitas hace más de un año a estos bloques.  En estos dos casos y en el del derrumbe, “la supervisión fue delegada a una ECU privada”, denuncian desde la organización.

“Esto demuestra que el Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y ha permitido que empresas con intereses económicos directos ejerzan funciones que deberían ser estrictamente públicas”, desarrollan. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que las advertencias ya habían llegado al Ayuntamiento. El bloque en lucha de San Ildefonso, con grietas y problemas estructurales por las obras, ha presentado peticiones urgentes de reunión con el concejal del Distrito Centro, Carlos Segura Gutiérrez, una carta al alcalde José Luis Martínez-Almeida, solicitud de intervención en el Pleno municipal y una consulta ciudadana registrada, pero no ha sucedido nada.

“Ninguna de estas comunicaciones ha dado lugar a una inspección, una respuesta efectiva o una medida de protección”, lamentan. Y eso que lo único que las vecinas pidieron que al Ayuntamiento es que “verificara si las obras ejecutadas se correspondían con lo declarado por la promotora y que se actuara de forma inmediata para garantizar la seguridad”. Una petición normal a una institución que debería ser la encargada de garantizar dichas reclamas. Ahora, el Sindicato de Inquilinas reclama ir más allá:

• Suspensión inmediata de las obras en viviendas habitadas bajo control de ECUs.
• Auditoría pública del sistema de Entidades Colaboradoras Urbanísticas.
• Recuperar el control urbanístico para lo público y lo común.
• Responsabilidades políticas, en particular las del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, por mantener un modelo que antepone los intereses de las promotoras a la seguridad y al derecho a la vivienda.