La suspensión del 1% cultural no es nueva. Desde hace más de una década, los sucesivos presupuestos autonómicos han dejado sin efecto el artículo que obliga a reservar al menos un 1 % de la inversión en obra pública para la investigación, conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico. Año tras año, Más Madrid ha presentado enmiendas para eliminar esa suspensión y permitir que la ley se cumpla.
La novedad en 2026 es otra, y más grave: por primera vez, esa enmienda no podrá ni siquiera votarse. El Partido Popular ha decidido inadmitirla, cerrando de antemano cualquier discusión parlamentaria sobre el fondo del asunto. Una forma eficaz de evitar el debate sobre una práctica que se repite desde 2013 y que contradice frontalmente una ley aprobada hace apenas dos años.
El argumento esgrimido para vetar la enmienda es revelador. Según la Consejería de Hacienda, mantener vigente el artículo 97.1 de la Ley de Patrimonio Cultural supondría un incremento de gasto no contemplado en los presupuestos. Sin embargo, esta afirmación no se sostiene. El 1% cultural no implica gastar más dinero, sino reservar una parte de la inversión ya prevista en obra pública para destinarla a patrimonio. Es una redistribución interna de la inversión, no una nueva obligación presupuestaria.
Así lo establece la legislación estatal desde 1985 y así lo han desarrollado los reglamentos autonómicos, incluido el que sigue vigente en la Comunidad de Madrid desde 2005. El propio artículo autonómico remite su aplicación al desarrollo reglamentario, pero en ningún caso introduce un gasto adicional. Además, el sistema es flexible: podría centralizarse desde la consejería de De Paco o ejecutarse desde cada consejería, como contempla el Ministerio de Cultura.
En este reparto de papeles, quien comparece y pone la cara es el consejero de Cultura, pero la decisión no es cultural, sino presupuestaria. La inadmisión de la enmienda parte de la Consejería de Hacienda, dirigida por Rocío Albert, que opta por el carpetazo sin profundizar en el modelo ni explorar vías de aplicación. No hay intento de desarrollo reglamentario, ni de adaptación, ni de diálogo: solo la suspensión automática de la ley.
Resulta aún más llamativo que este mecanismo no haya sido nunca un problema cuando es el Estado quien lo aplica. La Comunidad de Madrid se ha beneficiado de inversiones financiadas con cargo al 1% - hoy 2% - cultural estatal, como ha ocurrido en varias restauraciones en Alcalá de Henares. El problema, por tanto, no es el sistema, sino quién asume la obligación de activarlo.
El contraste final llega desde el Gobierno central. Hace apenas una semana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció una nueva convocatoria del 2% cultural, una medida reforzada desde hace años y diseñada para llegar tanto a comunidades autónomas como a municipios. Mientras una administración amplía y reactiva este modelo, otra lo mantiene en sus leyes solo para neutralizarlo cada ejercicio presupuestario.
Aprobar en 2023 una ley que incorpora el 1% cultural y suspenderla sistemáticamente después no es una cuestión técnica. Es legislar sabiendo que no se va a cumplir. Y la pregunta, tras más de diez años, sigue siendo inevitable: si la Comunidad de Madrid no piensa aplicar nunca el 1% cultural, ¿por qué no se atreve a derogarlo abiertamente?
Alicia Torija López, diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid