Soy docente de la enseñanza pública madrileña. Funcionaria de carrera. Tengo una Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y un Grado en Ingeniería Informática; tres másteres, en Sistemas de la Información, Pensamiento Computacional y Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas; y un MBA cursado en una escuela de negocios en Burdeos. Accedí a mi puesto superando una oposición, en la que obtuve la tercera posición de mi promoción. Y, una vez conseguido mi puesto, continué formándome hasta obtener las habilitaciones necesarias para impartir docencia en francés y en inglés.
No enumero mis títulos por vanidad ni porque considere que mi preparación sea excepcional. Lo hago porque estamos cansados de escuchar descalificaciones hacia quienes dedicamos nuestra vida a enseñar. Como yo, hay miles de docentes en la enseñanza pública con una preparación igual o incluso superior a la mía, profesionales que siguen formándose, actualizando sus conocimientos y dedicando su esfuerzo a ofrecer la mejor educación posible a sus alumnos. Porque cuando alguien exclama "¡Mirad en manos de quién están los niños de Madrid!", merece saber que están en manos de profesionales preparados, que han demostrado sus conocimientos, su capacidad y, sobre todo, su vocación.
Desde el 14 de octubre estamos en huelga. Y parece que, además de asumir el coste económico de defender nuestras reivindicaciones, debemos soportar el desprecio público.
Se nos acusa de querer cobrar más. Pero no estamos reclamando privilegios, sino una equiparación salarial justa. Y, sobre todo, estamos reclamando algo que parece haberse olvidado: condiciones dignas para enseñar y aprender.
Pedimos una reducción de las ratios, una climatización adecuada de los centros y una mejora real de la atención educativa. ¿Es demasiado pedir?
Hemos llegado a dar clase a 12 grados. Doce. Mientras hablamos de innovación educativa, digitalización y excelencia, hay alumnos y profesores intentando aprender y enseñar en aulas donde ni siquiera se garantiza una temperatura adecuada.
Y mientras tanto, vemos cómo la educación pública se debilita progresivamente frente a la concertada. No estamos en contra de las familias que eligen otros modelos educativos. Estamos a favor de que la escuela pública, la que debe garantizar la igualdad de oportunidades, no sea abandonada por quienes tienen la obligación de sostenerla.
Lo más doloroso no es siquiera la falta de acuerdo. Es la negativa a sentarse a escuchar. Es comprobar que nuestras reivindicaciones se encuentran con el silencio, las descalificaciones y decisiones que, lejos de aliviar la situación, pueden empeorarla.
Cada día de huelga puede suponer una pérdida de aproximadamente 150 euros para un docente. Y no, no todos podemos permitirnos asumir ese coste. En mi caso, como madre de una familia monoparental, tengo responsabilidades económicas que no puedo dejar de atender. No puedo permitirme perder 150 euros cada día, por mucho que comparta las reivindicaciones de mis compañeros.
Pero no hacer huelga no significa no apoyarla. Muchos docentes contribuimos económicamente a las cajas de resistencia para ayudar a aquellos compañeros que sí pueden ejercerla, porque sabemos que su lucha también es la nuestra. Porque hay muchas formas de defender la educación pública y ninguna debería medirse exclusivamente por los días de salario que uno puede permitirse perder.
Que nadie confunda la imposibilidad económica de secundar una huelga con la falta de compromiso. La vocación no se mide por el dinero que podemos dejar de ingresar, sino por aquello que estamos dispuestos a defender.
Y el desgaste emocional de esta situación empieza a ser insoportable.
Y entonces llegan nuevas declaraciones políticas que parecen reducir nuestra protesta a una cuestión ideológica.
Señora Ayuso: no somos docentes por afinidad política. Somos docentes, ante todo, por vocación. Y para ejercer esa vocación tuvimos que estudiar, prepararnos, superar unas oposiciones y ganarnos nuestro puesto por méritos propios.
No necesitamos que nadie nos regale nada. Tampoco aceptamos que se cuestione nuestra profesionalidad por ejercer nuestro derecho a la huelga o por defender la enseñanza pública.
Llegados a este punto, confesamos algo que nos duele profundamente: estaríamos dispuestos a renunciar a la reivindicación salarial si con ello se consiguieran mejoras reales para nuestros alumnos y nuestros centros. Porque nunca se trató únicamente de dinero. Se trata de dignidad. De respeto. De educación.
Señora presidenta, usted tiene derecho a defender sus ideas políticas. Pero como máxima representante de la Comunidad de Madrid tiene también la responsabilidad de garantizar y cuidar los servicios públicos, incluida la educación.
Nosotros ya demostramos nuestra capacidad para ocupar nuestros puestos. Ahora les corresponde a ustedes demostrar su capacidad para gestionar, escuchar y llegar a acuerdos.
No queremos ser enemigos de nuestro Gobierno. Queremos poder enseñar en condiciones dignas.
Y después de tantos días de sacrificio, lo mínimo que merecemos no es una descalificación más.
Es que alguien, por fin, se siente a escucharnos, como ha hecho el director de la DAT Oeste. Porque escuchar no significa necesariamente estar de acuerdo, pero sí demostrar respeto hacia quienes llevan semanas sacrificándose por la educación pública.
Una docente de la enseñanza pública madrileña. Funcionaria de carrera. Madre de familia monoparental. Y orgullosa de defender la escuela pública.
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