El último plan en materia de residencias de la Comunidad de Madrid, el denominado plan 40/40 por el volumen de construcción de nuevos geriátricos y centros de día en toda la región, no está exento de polémica.
Las versiones chocan frontalmente. De un lado, la Comunidad de Madrid lo vende como el mayor proyecto en materia de espacios para las personas de la tercera edad hasta la fecha, mientras que PSOE, Más Madrid o las asociaciones de víctimas de los bautizados como protocolos de la vergüenza claman contra ella y aluden a la letra pequeña.
El primer proyecto del plan
Entretanto, cabe señalar que el plan dispone del beneplácito del Ayuntamiento de la ciudad, que regalará varias parcelas a la Autonomía liderada por Isabel Díaz Ayuso para poner en marcha la idea. El primer proyecto ‘micro’ dentro del proyecto ‘macro’ (con las 80 edificaciones) tiene lugar en el distrito de San Blas-Canillejas.
En este ejemplo concreto, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha regalado por cinco años a una empresa privada unos terrenos por 70 años prorrogables por un lustro más, tal y como denuncia el PSOE de Madrid (PSOE-M).
Atendiendo a las cifras y al estudio económico del proyecto, la empresa concesionaria podría obtener cerca de 60 millones de euros de beneficio durante los 75 años de la concesión con prórroga. “Y estamos hablando de una residencia”, definen desde las siglas.
En declaraciones llegadas a ElPlural.com, los socialistas critican que “el primer proyecto previsto dentro de este plan”, en el mencionado distrito, “deja al descubierto cómo funciona este modelo”.
19 parcelas
Ponen el foco, sobre todo, en el hecho de que no es un caso aislado. “De las 150 plazas de residencias y 50 de centros de día que se van a construir, el 60% serán privadas (90 plazas en residencias y 30 en centros de día). Este reparto es la clave del negocio”, afina.
Con las estimaciones socialistas, si este modelo se replica en las 40 concesiones previstas en el Plan, nos encontramos ante un “negocio de alrededor de 2.400 millones de euros para las empresas concesionarias, en detrimento de un modelo que garantice plazas públicas suficientes y más inversión”.
“Almeida da luz verde a este negocio mientras las familias sufren la falta de plazas residenciales públicas”, lamentan, cifrando en 3.000 euros al mes el coste aproximado de una residencia y de 800 euros mensuales el de un centro de día.
“Podríamos decir que el plan estrella de Ayuso y Almeida es un pelotazo para unos pocos a costa del bolsillo de las familias madrileñas: menos plazas públicas a costa de incrementar la cuenta resultado de empresas privadas (…)”, define, poniendo el foco, al ser fuentes municipales con el Consistorio: “Almeida ha decidido ceder patrimonio público para facilitar un negocio privado, convirtiéndose en cómplice necesario de este modelo que favorece el negocio empresarial mientras empobrece a las familias madrileñas”.
Las víctimas de residencias, también en contra
Tanto ‘Marea de Residencias’ como ‘7.291, Verdad y Justicia’, principales asociaciones en la lucha de las residencias de mayores contra la gestión autonómica madrileña, ponen pie en pared en los mismos términos contra los planes de presidenta y alcalde.
En un comunicado difundido en los últimos días, Marea de Residencias advertía de la “trampa” que supone una decisión que, considera, podría provocar en última instancia el traslado de cientos de personas mayores dependiente y la obligación de sus familiares a asumir costes adicionales para evitar el cambio de lugar. Con este escenario de fondo, no dudaban en reprochar que las administraciones ahondaban en un “desahucio institucional”.
Asimismo, hablan de lo que denominan “cheque residencia”. Así califican la conocida como Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Se trata de un montante al que, consideran, muchas familias tendrían que adherirse ante la situación que se viene si se considera la posible salida de determinados centros del sistema de concertación. El resultado de eso último sería la supresión de plazas financiadas íntegramente con fondos públicos.
‘7.291’, por su parte, lo tacha de un “nuevo engaño a la ciudadanía”, dado que “la experiencia demuestra que lo público-privado acaba derivando en una gestión esencialmente privada”. Así, recordaba que el proyecto no se limita a un distrito de Madrid, sino que son cerca de una veintena las parcelas que Cibeles regala al equipo regional para edificar.
Esta asociación maneja datos igualmente interesantes para lamentar, por ejemplo, que el acuerdo actual no respeta el espíritu del Acuerdo de Acreditación estatal, que “recomienda centros más pequeños y de carácter convencional”. Esto sería, entre 100 y 120 “plazas previstas como referencia” por las hasta 150 que quiere autorizar el equipo de Ayuso.
Siguiendo con los número, según las cifras que manejan, el proyecto movilizará alrededor de 2.400 millones de euros como beneficio total de la concesión y generará importantes beneficios económicos para las empresas adjudicatarias.
Defensa de la Comunidad de Madrid
El “mayor proyecto de transformación de residencias y centros de día de la historia de la región”. Así lo anunciaba la Comunidad de Madrid.. “Pensamos en el futuro de Madrid, como lo estamos haciendo con la vivienda y con el resto de servicios públicos, subrayaba en abril
La Autonomía sostiene que el proyecto prevé un total de 8.000 plazas (en 40 residencias y 40 centros de día) con una inversión de más de 500 millones de euros mediante colaboración público-privada.
Indica que, al menos un 40% de las plazas (3.200) se reservarán para uso de la red pública, mientras que el resto serán privadas con acceso a través de la prestación económica comúnmente conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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