La Fórmula 1 de Madrid, que tendrá lugar el próximo fin de semana, ha acarreado polémica desde su anuncio en 2024, recibiendo la respuesta de vecinos, oposición y organizaciones ecologistas, entre otros.

Uno de los temas que ha centrado la controversia ha sido el del ruido. Quienes viven en los aledaños del espacio en el que se encuentra el circuito temen la acústica que puede llegar a haber durante la celebración de gran evento, y es que los ensayos que se han llevado a cabo hasta la fecha dejaron decibelios muy por encima del límite establecido para zonas residenciales.

En este sentido, a finales de agosto se desarrollaron los ensayos para las carreras de Fórmula 3, cuyos coches tienen menos potencia que los de Fórmula 1. Pese a ello, el ruido era claramente superior al permitido para áreas residenciales. Concretamente, si se atiende a la medición que ejecutó la Plataforma Stop Fórmula 1 de Madrid, creada exclusivamente para paralizar el evento, los decibelios a casi tres kilómetros de IFEMA fueron de 102,7 de media pese a que el límite es de 55 decibelios durante el día, y 45 de noche para zonas residenciales.

El ruido, “hasta 27 veces” por encima del permitido

El abogado Javier Flores, conocido en X como Jota Vaquerizo y que ha denunciado asuntos como el ático que la Comunidad de Madrid compró para que Isabel Díaz Ayuso desempeñara sus funciones el tiempo que durasen las obras de la Puerta del Sol, según la versión del Ejecutivo madrileño, desgranaba el tema del ruido por las carreras, un asunto que calificaba como un “problema jurídico serio”. “Ifema reconoció por escrito, en su propio informe, que sería imposible reducir los niveles de ruido transmitidos por debajo de los límites legalmente establecidos. Lo sabían. Lo pusieron en un papel”, emplazó.

Flores detallaba que dicha “suspensión temporal de los objetivos de calidad acústica” era una obligación para poder acoger el Gran Premio de entre el 11 y el 13 de septiembre, pero adviertía que ello debería estar expuesto a una valoración previa de la incidencia acústica en la que se justifiquen las razones de esta excepción y se lleven a cabo medidas para reducir los daños en la medida de lo posible. Así, sosteniendo que la suspensión no debería servir para que los vecinos aguantasen “cualquier nivel de ruido”, les invitaba a practicar mediciones en sus casas durante el desarrollo del evento para solicitar después una inspección municipal.

El Grupo Municipal Socialista pidió la comparencia de los concejales de Hortaleza y Barajas, David Pérez y Juan Peña respectivamente, por este motivo después de que se hubieran superado hasta “27 veces” los límites acústicos establecidos en la normativa, tal y como publicaba en sus redes el periodista David Fernández. En un comunicado, los socialistas acusaron que las pruebas de F3 habían registrado niveles “muy superiores” a los límites acústicos que permite la normativa y llamaban a poner en marcha “medidas paliativas suficientes para proteger a los residentes”.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento, Jorge Donaire, explicaba la necesidad de “hacer las cosas bien, con transparencia y respetando a los vecinos y vecinas”, a la vez que recordaba que llevaban “veces advirtiendo del impacto que puede generar el circuito en Hortaleza y Barajas”.

Los ciudadanos temen los niveles de ruido que pueden registrarse el fin de semana, ya que los decibelios de aquella prueba se dieron con tan solo cinco monoplazas y de motor menos potente que los que recorrerán el asfalto de Madring.

Falso coste cero

La oposición ha exigido en este tiempo transparencia acerca de las afecciones acústicas, de movilidad, ambientales, de limpieza y emergencias registradas antes, durante y después de las pruebas del GP. Esa exigencia de explicaciones lleva a otro asunto que tiene directamente que ver con la ausencia de información y a una pregunta de la que, a día de hoy, sigue sin existir respuesta: ¿cuánto ha costado, o va a costar, la Fórmula 1 a los madrileños?  

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han hablado siempre de ‘coste cero’, pero no es cierto.  Por una parte, Más Madrid cifra el coste total en más de 470 millones de euros, un dato que divide entre 200 millones respecto de las obras públicas vinculadas de forma directa o indirecta al evento, y 270 que relaciona con todo lo relativo a la concesión.

La plataforma vecinal mencionada ha publicado un informe según el cual los gastos se situarían en los 319 millones de euros, entre “las obras de infraestructuras necesarias para construcción y posterior reposición de infraestructuras”; la “ampliación de los pabellones 1 y 2, para boxes, Paddock Club y otras áreas VIP, por más de 82 millones”, el “montaje y posterior desmontaje de 11 pasarelas peatonales, por casi 27 millones” y “otros muchos gastos que no se han hecho públicos”, entre los que Stop Fórmula 1 Madrid destaca un contrato con la empresa estadounidense que gestiona los derechos de la competición, Liberty Media, y que “según muchas estimaciones, supondrá unos 48 millones de euros adicionales cada año de los diez durante los que que se pretende celebrar la competición”.

IFEMA, consorcio participado de forma conjunta, entre otros, por Cibeles y Sol, habría puesto más de 130 millones de euros solo para adaptar un circuito cuya construcción habría costado 83 millones de euros. A este dinero habría que añadir actos, promociones y otras cuestiones que se sumarían al montante total. Sea cual sea el coste último, lo que ya ha quedado patente es que no es cero.

Del otro lado, quienes defienden los beneficios que va a traer consigo la carrera hablan de un impacto de 467 millones de euros y unos 8.500 empleos, así como una aportación directa de 85 millones de euros a las arcas públicas, más allá de situar a Madrid como escaparate internacional ante decenas de millones de espectadores de todo el mundo. Para ello se amparan en las previsiones de la PwC, si bien voces críticas dudan del resultado. “No hay un solo informe público que nos diga de dónde sale todo ese dinero que dicen que va a venir a Madrid. No hay cuantificación rigurosa en ningún informe público de la Comunidad de Madrid”, dictaba, por ejemplo, hace unos días Emilio Delgado, diputado de Más Madrid.

Una vía pecuaria

La Vereda de los Leñeros, una vía pecuaria que ponía en peligro la legalidad del circuito de Fórmula 1, ha centrado también buena parte de la polémica en torno al evento. De hecho, el recorrido ha terminado por cambiar para esquivar dudas normativas. Concretamente, la Comunidad de Madrid afloraba finalmente una vereda desaparecida bajo las construcciones de Ifema, que no había recuperado hasta constatar que su pérdida podía poner en peligro el circuito.

Hay que remontarse a enero, cuando la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sometió a trámite de información pública el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el incremento de oferta de vivienda con protección pública, en la que incorporó un cambio que podía afectar a la mencionada vía.

La reforma eliminaba la obligación de “calificar urbanísticamente” las vías pecuarias como suelo no urbanizable y las organizaciones ecologistas denunciaron que tras esta modificación podía haber una trampa para legalizar Madring. La región reculó en sus intenciones, alegaciones mediante de las organizaciones, si bien las segundas no ven con buenos ojos que la forma de hacerlo sea superponiendo la vía pecuaria sobre las zonas verdes ya existentes, por lo que hay nuevamente alegaciones.

En cualquier caso, antes del verano los técnicos verificaron que había espacio para desviar la Vereda de los Leñeros, y la Comunidad de Madrid sacó a información pública su tramitación, que concluía hace unos día con la desafección y las críticas de la oposición ante lo que consideran una “chapuza”.

En estos términos se pronunciaba el portavoz de Urbanismo del PSOE en el Consistorio de Cibeles, Antonio Giraldo: “Desde el PSOE, hace ya más de dos años, cuando hicimos alegaciones al plan especial del IFEMA para permitir el circuito de Fórmula 1, advertimos de que este plan especial tenía un defecto jurídico enorme, una chapuza que nunca entendimos cómo se pudo dejar pasar”.

“Nos contestaron a las alegaciones que no teníamos razón, y dos años después han tenido que desafectar la vía pecuaria, a toda prisa y corriendo (…) Todo a consecuencia de que el plan especial está judicializado ahora mismo. Están haciendo todo lo posible para evitar que esto acabe en otra anulación en los tribunales que, por otro lado, es lo que suele pasar a este equipo de gobierno”, indicaba, subrayando que el tiempo les había “dado la razón”.

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