La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reniega de aplicar la ley de Vivienda que está consiguiendo contener, incluso bajar, los precios del alquiler en regiones de una estructura similar a la que alberga la capital, como Barcelona. Tampoco propone medidas propias que aborden la crisis habitacional, más allá de un Plan Vive caro y que hace aguas. Libre mercado e inacción que está machacando a la clase trabajadora madrileña, perpleja ante la alfombra roja desplegada ante los fondos buitre y grandes capitales en los barrios humildes. O incompetencia o maldad están detrás de esta estrategia y para ambas la ausencia de datos es clave.
Algo no cuantificado es más complejo de cualificar y la constitución de problemas a los que dedicar abordajes prácticos, objetivo último de la política institucional. Para acabar con esta práctica desplegada por la baronesa del Partido Popular (PP), la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado a la autonomía que salga de la opacidad estadísticas. Para la titular del Ramo es vital la “claridad de datos” sobre las necesidades de demanda de hogar presentes en la región y, para ello, debería existir un organismo oficial que ofrezca este “dato público”.
La ministra ha denunciado la dificultad existente en Madrid para poder detectar cuántas personas o familias requieren de una vivienda, ocultismo al que contribuye directamente con su inacción el Gobierno de Ayuso. En consecuencia, Rodríguez ha trasladado desde Getafe, municipio del sur de Madrid, que "se requeriría de un recurso público, de un dato público", algo que favorecería "la planificación de una buena política" de vivienda para saber cuántas hay que construir y dónde hay que construirlas; lo que facilitaría el despliegue de fondos y abordajes públicos.
"Si ustedes se plantean como informadores que son”, se ha dirigido la titular del departamento de Vivienda a la prensa, “cuántos son las personas, las familias que precisan de una vivienda, de una, no dos ni tres, como ayer mencionaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una vivienda en la Comunidad de Madrid, les costará tener ese registro". Es evidente que muchas, pero sin aproximación real el problema no existe en la administración y las culpas pueden cargarse al siempre omnipresente Gobierno de Pedro Sánchez.
Pacto por la vivienda
Precisamente fue el jefe del Ejecutivo el que trasladó a las comunidades autónomas a comienzos de mes, durante la Conferencia de Presidentes, un pacto en materia de vivienda pública y asequible financiado en un 60% por el Gobierno central. Sin embargo, las regiones lideradas por el PP, 11 de 17, no han aceptado destinar casi 7.000 millones para destinar a esta materia, pese a que 4.000 millones saldrían de las arcas del Estado, algo que Rodríguez ha afeado.
En el caso de la Comunidad de Madrid se propone un incremento de 761 millones de euros, lo que supone un incremento del 355%, que llevase la cuantía total de políticas destinadas a la vivienda pública de los 298.268.100 euros actuales a los 1.059.894.000, de los que 635.936.400 estarían a cargo nacional. "Decir que no a esto es decirle que no a muchos madrileños y madrileñas que hoy precisa una vivienda y por tanto yo interpelo, pido, solicito que se sumen a este acuerdo en beneficio de los madrileños y madrileñas que necesitan estas viviendas", ha espetado Rodríguez a Ayuso.
Queda mucha demanda que satisfacer y la ministra ha reclamado "corresponsabilidad" para atenderla a las comunidades autónomas. "El Gobierno siempre aportará más, un 60% frente a un 40% de las comunidades autónomas, junto con esos dos elementos que parecen también de sentido común, que es que lo que construyamos hoy sea para siempre", ha indicado. Asimismo, ha remarcado la incursión del municipalismo a través de la cesión de suelo a Ayuntamientos, pero ha insistido en la necesidad de “invertir más para construir más viviendas”. “Necesitamos triplicar nuestra inversión y necesitamos que lo hagamos todas las administraciones públicas”, ha zanjado.