Resulta complicado explicar por qué el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se empeña en maltratar a las residencias, pero a cada paso que da es más evidente su desprecio por la calidad asistencial que reciben los mayores y personas dependientes en la región. El perjuicio de unos suele constituir el beneficio de otros y en la Comunidad de Madrid lo habitual es que el primer grupo englobe a los ciudadanos y el segundo a las grandes empresas. La eliminación de las ratios de limpieza en las residencias es la última muestra de esta realidad.
El número 7.291 resuena en muchos hogares como recuerdo de una pérdida familiar que podría haberse evitado; sin embargo, a la Puerta del Sol no llega el eco de las voces de los miles de familiares que exigen justicia. En vez de eso, la respuesta del Ejecutivo madrileño es asestar un duro varapalo al servicio en el nuevo Acuerdo Marco 2026 para las plazas residenciales, del que se ha extraído la pírrica ratio mínima del 0,15 (5 personas en cada centro de más de 100 residentes) para personal de limpieza, cocina y mantenimiento, contemplada en el acuerdo vigente hasta acabar el año.
El tema de la limpieza era fundamental en la pandemia y haciéndolo bien podríamos haber evitado muchas muertes
Estos nuevos pliegos acordados con las empresas, sin contar con la participación de los sindicatos mayoritarios de cara a la negociación, significarán en la práctica que cada adjudicataria decidirá el número de profesionales con esta dedicación con los que contratarán y no existirá mínimo ni multas con las que presionar para que la atención sea digna y suficiente. Situación que para una trabajadora de las residencias de Madrid, que ha relatado la situación a ElPlural.com, constituye una clara práctica de “maltrato”.
“El maltrato no es solo por acción, sino también por omisión”, lamenta Juani Peñafiel, responsable de las residencias privadas y concertadas y centro de día de Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid. La situación es insostenible, algo del todo incomprensible después de lo vivido años atrás. “Lo vivido en las residencias en 2020 tenía que haber repercutido en un aumento del personal”, apunta la sindicalista y trabajadora de residencias. “Son clave en la calidad asistencial”, destaca la labor del personal de limpieza, cocina y mantenimiento.
Abre la puerta a recortes de personal, externalizaciones y precariedad
El porqué de la decisión de eliminar las ratios no se conoce, o por lo menos no ha sido relatado a los sindicatos. “No nos han dado ninguna explicación para el retroceso en el sector”, confiesa la representante de CCOO. “Lo único que sabemos”, desgrana, “es que ahora las empresas podrán tener solo una persona destinada a la limpieza y no van a recibir ningún tipo de sanción porque ya no existen ratios mínimas”.
Sarna y chinches en las residencias madrileñas
“Durante la pandemia quedó más que patente que el tema de la limpieza era fundamental y que podríamos haber evitado muchas muertes si lo hubiéramos hecho mejor”, ahonda Juani en lo peligroso de recortar en este tipo de profesionales. Ahora, momento en el que brotes de varias infecciones se propagan por las residencias madrileñas, también está quedando constatado su importancia. En el último año se han registrado al menos seis brotes de sarna y chinches en estos centros, alguno cronificado desde hace más de ocho meses.
Desde CCOO obreras denuncian que este tipo de infecciones parasitarias y altamente contagiosas “puede prevenirse eficazmente con medidas de higiene adecuadas, personal suficiente y protocolos rigurosos de limpieza y desinfección”. La actuación de la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud de la Comunidad de Madrid camina en sentido contrario, dejando la decisión en manos de empresas cuyo objetivo es la obtención del máximo beneficio. “La falta de personal mínimo, destinado a estas tareas, aumenta exponencialmente el riesgo de contagio, especialmente en entornos colectivos y vulnerables como las residencias”, advierte el sindicato que ha denunciado la situación.
La calidad de la residencia, una lotería
Cuesta encontrar una residencia en Madrid donde los servicios, el personal contratado y los protocolos alcance un nivel aceptable de cuidados; sin embargo, dentro de la precariedad colectiva también existen diferenciaciones. Existen cuatro tipos de residencias en la Comunidad (pública 100%, pública de gestión privada, concertada con plazas públicas y privadas 100%) y “en función de cual te toque el ratio y las exigencias es diferente, algo que afecta directamente a la calidad”, expone Juani. Según se va perdiendo control público y las empresas ganan poder de decisión el servicio es peor.
Con esta tesitura y en un contexto de licitaciones, donde lo que más influye es presentar la oferta económica más baja, “esto equivale a abrir la puerta a recortes de plantilla, externalizaciones y precariedad, lo que inevitablemente repercute en la calidad del servicio”, trasladan desde CCOO. Y la estrategia de la Comunidad de Madrid de sacudirse las responsabilidades y señalar a la empresa, a la que la propia administración ha dado la adjudicación, es muy pobre.
“La administración no puede desentenderse de su responsabilidad, permitiendo que cuestiones sanitarias críticas queden sin regulación mínima”, zanjan desde CCOO, reclamando “la inmediata restitución de las ratios mínimas de personal en estas categorías y la creación de mecanismos de control y seguimiento efectivos para garantizar su cumplimiento”.