Un residente de 66 años y con patologías múltiples podría ser expulsado de la residencia Casablanca Vallecas, perteneciente al grupo Casablanca, dedicado a la gestión de centros gerontológicos.
Así lo denuncia la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (PLADIGMARE), que señala que el centro de mayores forma parte del Sistema de Servicios Sociales, y tacha lo ocurrido como un “atentado a las garantías habitacionales de las personas dependientes”. Además, señala que “no es la primera vez que pasa”, donde la Comunidad de Madrid ejerce como “cómplice de este tipo de atropellos”.
Denuncian otros casos
ElPlural.com ha hablado con Fernando Flores, portavoz de la plataforma, para conocer los detalles de su denuncia. “Las personas se ven abocadas a decisiones de directores en base a valoraciones económicas más que de otro tipo”, lamenta en declaraciones a este periódico. Hablando acerca de otras veces en las que ha pasado algo similar, recuerda que hace cosa de seis años ya pararon una expulsión.
Otras asociaciones han puesto también quejas para que no se echen al residente de aquí. La expulsión, expresa, todavía no está programada, pero sí “pedida de manera unilateral” por parte del centro y “comunicado a la familia”. En cualquier caso, la amenaza se consumaría, en caso de darse, el próximo 8 de mayo.
El portavoz de Pladigmare dice en conversación con este periódico que se corresponde con una decisión completamente “unilateral” en la cual “se ha decidido solamente cobrar una semana del mes en el que estamos”. “Es una estrategia, entendemos, para presionar a la familia”, apuntala; y es que la familia ha respondido que “tiene la cantidad a su disposición”.
En lo que respecta a la consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Pladigmare explica que ha interpuesto una queja por la situación y que, por el momento, no han obtenido respuesta. “No tenemos conocimiento de todos los casos porque hay muchos más y, sobre todo, hay familias que no se atreven a protestas por miedo a las represalias. Ni siquiera se atreven a poner las quejas ni quieren salir en los medios porque no se quieren ver expuestas”, define, acentuando que “hay represalias que pedimos a la Comunidad que investigue, valore y ataque convenientemente”.
“Camuflado tras acusaciones genéricas”
En su comunicado, la asociación ratifica que se trata de un intento de expulsión, “camuflado tras acusaciones genéricas, inciertas, sin un proceso que garantice el derecho a defenderse de los hechos de los que se les acusa” en el cual “no se han incoado un expediente que permita rebatir, ni contradecir, las acusaciones de maltrato que se vierten contra el residente y su familiar”.
Pladigmare rechaza “categóricamente que la actuación del residente ni de su familiar sea constitutiva de ninguna falta de contrato suscrito con la residencia, ni de su Reglamento de Régimen Interno”.
Para la plataforma en defensa de las personas mayores, “tras todo esto se encubre la negación de cuidados por no ser económicamente rentable para la empresa”. “De manera unilateral, la dirección de la residencia decide no prestar sus cuidados y atenciones a una persona que tiene la prestación económica vinculada al servicio (PEVS-cheque servicio) debido a las dificultades que conlleva y les resulta molesto”, consideran.
Pladigmare ha solicitado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales la paralización y anulación de la expulsión del residente por parte de la Consejería, así como el ofrecimiento de una alternativa al mismo al considera que la Comunidad de Madrid “debe facilitar una alternativa diferente a la de una residencia acreditada, si es que, tal y como ha reconocido a la persona familiar, esa residencia no puede atender a la persona residente dadas sus patologías y la Consejería no puede obligar a la empresa a que atienda al residente, a pesar de su acreditación”.
Protesta en el centro
Asi, la plataforma pregunta “si puede una residencia acreditada negarse a admitir a un residente al que se le ha concedido la prestación económica vinculada al servicio por la falta de plaza públicas en la Comunidad de Madrid”.
“¿Puede expulsarlo cuando se vea incapaz de atenderlo ¿Se pueden disfrazar las dificultades con la excusa de un maltrato, del que no existe denuncia por parte de los supuestos ofendidos, o de negativas a la aplicación del tratamiento que, en todo caso, sería consecuencia de sus patologías?”, pregunta.
Asimismo, cuestiona si la región “puede inhibirse de lo que ocurre en un centro al que ha acreditado para que pueda tener residentes valorados con el grado tres de independencia. Con todo, además de la reclamación a la administración Sol, llevarán a cabo una acción ciudadana el próximo 9 de mayo a las puertas de la residencia.
Por su parte, desde la Consejería han señalado en declaraciones a ElPlural.com que “se han iniciado las actuaciones inspectoras para revisar la situación” y que “el residente, con plaza privada, continúa en la residencia y no se ha procedido a su expulsión”. Este periódico también se ha puesto en contacto con la residencia, pero hasta el momento de publicación de estas líneas no se han pronunciado.