La realidad de la crisis de la vivienda en España no es homogénea. El golpe más fuerte se lo llevan aquellas zonas más pobladas y las que reciben un mayor volumen turístico en temporadas vacacionales: Madrid, Barcelona, Baleares o Valencia son buenos ejemplos de esta realidad. Un escenario que trae consigo aparejado la escalada de los precios para uso residencial por las nubes, lo que declina a su vez en el aumento de la tasa de pobreza.
Esta es la conclusión reflejada en el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en España elaborado por la EAPN-ES en materia de vivienda. Por un lado, pese a la extensión de los ingresos entre la población en pobreza en 1,2 puntos, llegando al 5,6% -su máximo-, la cifra continúa siendo demasiado baja para alcanzar a las necesidades reales. “La vivienda se confirma como una partida de gasto del hogar prácticamente ineludible que absorbe buena parte de los ingresos, especialmente si se vive de alquiler”, aborda el estudio.
En términos de pobreza severa, el 28,3% de las personas que vivían en alquiler en 2025 se vieron obligados a destinar más del 40% de sus ingresos, teniendo en cuenta que tan solo el 2,1% de los que no están en pobreza se encuentran en esta tesitura. A vista general, en 2025 el 29,1% de las personas en pobreza vive en alquiler a precio de mercado, casi el doble que entre el resto de población (14,5%), un incremento poblacional que aconteció durante la recuperación económica a partir de 2015. “El impacto del problema del precio de los alquileres es mayor entre quienes residen con niños y jóvenes, la población internacional, las personas en desempleo y quienes viven en zonas urbanas”, recoge el estudio.
Una realidad que se traduce en que el porcentaje de gasto por la vivienda de las personas en situación de pobreza sea cada vez más elevado, teniendo en cuenta que la media está en 342 euros. Aquellos que viven en alquiler a precio de mercado destinan más de la mitad de sus ingresos, en torno a un 51,4%, a diferencia de los que viven en propiedad con un 26,4%. Sin embargo, la tensionada situación, pese al elevado coste, aboca a las personas a recurrir más al mercado del alquiler al no poder optar a la compra.
El “sobreesfuerzo residencial” ejemplificado en Madrid
Y es que en términos generales, a nivel estatal la proporción de personas en casas en propiedad ha sufrido una caída al 73,7% el año pasado, mientras que el alquiler ha aumentado en seis puntos, hasta el 20,8%; un cambio completamente estructural y con consecuencias en el coste de la vivienda y el difícil acceso al mercado del alquiler.
Bajo este prisma, en lo que concierne al mapa de desigualdad que dejan las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, cuyo mando está en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se alza como un reflejo del “sobreesfuerzo residencial” por los gastos de vivienda. Esta realidad se centra precisamente en que se destinan más del 40% de sus ingresos en pagar el alquiler, siendo en esta región el 9,9% frente al 7,2% de la media estatal.
Según el índice del Precio de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste del alquiler se ha incrementado en Baleares (28,8%), Comunitat Valenciana (29,2%) y seguida de Canarias (24,0 %) y Cataluña (23,6%). Pero el mayor desembolso del alquiler superando la media estatal se da en la Comunidad de Madrid (870 euros), Baleares (804 euros), Cataluña (744 euros) y Euskadi (736 euros).
Tasa de pobreza por comunidades autónomas
Según los últimos datos del informe, el 25,7% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), lo que equivale a 12,6 millones de personas. De esta manera, la EAPN-ES destaca que el indicador se mantiene “estable” respecto al año anterior y confirma “la persistencia de una situación estructural: en los últimos 15 años, la tasa AROPE no ha logrado situarse por debajo del 25% de la población”.
Si bien, el estudio señala que se mantiene “una brecha territorial de hasta 20 puntos porcentuales de diferencia” entre comunidades autónomas, con peores resultados en el sur del país. En concreto, Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y Murcia (32,5%) son las que, un año más, registran mayores porcentajes mientras que Euskadi (14,7%), Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%) logran los más bajos. También apunta diferencias atendiendo solo a la tasa de pobreza, que afecta al 19,5% de la población española (9,6 millones de personas). De los datos se desprende que este porcentaje sube hasta el 27,7% en Andalucía y el 26,7% en Murcia, frente al 9,3% de Euskadi o el 11,6% de Baleares.
Sin embargo, el informe advierte de que una menor tasa de pobreza y exclusión social “no implica necesariamente una menor desigualdad”, también situando como ejemplo en este caso a Madrid, con una tasa AROPE del “19,4%, una de las más bajas del país”, por debajo de la media estatal. No obstante, es la misma autonomía que concentra una notable paradoja con la mayor desigualdad de rentas entre su población: “El 20% de la población más rica concentra más de 5 veces los ingresos del 20% más pobre”.
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